
En la madrugada del miércoles 15 de abril pasado, un llamado anónimo a la Comisaría 1° de Moreno llevó a un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense hasta un descampado cerca de un predio deportivo sindical de la zona sur de Moreno. Allí, los perros entrenados para oler y detectar restos humanos marcaron un lugar preciso de tierra removida entre los pastizales, donde finalmente encontraron enterrado el cuerpo de Camila Aldana Tarocco, una joven de 26 años que era intensamente buscada desde hacía 10 días.
El pozo profundo en el que apareció el cuerpo estaba ubicado a dos cuadras de la casa de su ex pareja y padre de sus dos hijos, Ariel Alberto González, alias “El Pollo”, el único detenido y principal sospechoso del crimen hasta el momento.
González, de 33 años, había sido detenido una semana antes por orden de la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N°3 de Moreno que lo acusó de falso testimonio, tras escuchar su relato sobre la desaparición de Camila. También lo acusó de incumplir la prisión domiciliaria que le había otorgado sin tobillera electrónica el juez Gabriel Alejandro Castro, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno, en una causa por violencia de género aún en trámite que se inició con la denuncia de otra mujer.
Hoy “El Pollo” sigue detenido con prisión preventiva en el destacamento policial Los Aromos de General Rodríguez, pero ahora imputado también por el femicidio de la madre de sus hijos.
Esos chicos, hoy, no tienen madre.
No son los únicos: desde el 1° de enero hasta el 30 de abril, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 117 víctimas de femicidios, con 125 hijos que quedaron atrás.

Camila y González estuvieron siete años en pareja y fueron padres dos veces: tuvieron una nena que hoy tiene 7 años y un nene, hoy de 5. A la 1 de la mañana del sábado 4 de abril -horas antes de que Claudia, la madre de Camila, denunciara su desaparición- González fue a la casa de su familia cercana con su hijo menor, que estaba al cuidado de sus padres al momento del crimen, y les dijo: “Se los dejo porque maté a Camila”.
Desde ese momento ambos quedaron al cuidado de la familia de él y su destino quedó en manos del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección de Género del municipio de Moreno y organizaciones sociales que trabajan sobre una triste situación que se repite una y otra vez para muchos otros hijos de víctimas de femicidio: su madre está muerta y su padre está preso.
A todos ellos les correspondería una reparación económica, similar a una jubilación mínima, de acuerdo a la Ley Brisa (Nº 27.452), aprobada en julio del 2018, pensada desde sus inicios para niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor haya sido el asesino (o participado del crimen) de su mamá y esté procesado o condenado.
Ahora, según confirmaron a Infobae fuentes del municipio de Moreno, los hijos de Camila quedaron a cargo de Claudia, su abuela materna.

Ante la sospecha de que el menor haya presenciado el crimen, la fiscalía realizó una entrevista psicológica preliminar con el chico para saber qué podía decir de esa noche. Sin embargo el nene no refirió nada del hecho puntual, solo mencionó brevemente algunos hechos de violencia de género y del contexto en que vivían su madre y su padre. Debido a eso, la Justicia descarta por el momento entrevistar al menor también a una cámara Gesell.
La cuarentena claramente agudizó el problema. De acuerdo a Ahora Que Sí No Ven, solo en abril, 31 niños quedaron huérfanos por los femicidios.
Del análisis estadístico se desprende otra tendencia clara: el 66% de los crímenes contra las mujeres se cometió dentro de la propia vivienda de la víctima. Además, en el 44% de los casos fue en manos de su pareja y en el 24% de sus exs. En medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, que ya pasó la barrera de los 50 días, muchas de las mujeres que sufren violencia de género y están recluídas para evitar los riesgos del contagio, están expuestas a otros peligros en el encierro con su agresor.
La situación de Camila en sus últimos días era esa. Había decidido separarse de González hacía algún tiempo, quería seguir adelante y hasta se había puesto en pareja de nuevo. Hacía varias semanas que ella y su novio Cristian, de 21 años, compartían fotos juntos y se publicaban mensajes de amor en Facebook, pero ella aún no se había ido completamente de la casa y sus hijos seguían al cuidado de ambos. Estaba a punto de irse definitivamente cuando fue asesinada.
El celular de González, en tanto, reveló a la Justicia una cara opuesta de esa situación. Sus búsquedas en Google y YouTube sugirieron una trama de celos enfermizos y obsesión: “Cómo ver las historias de Instagram de alguien sin que se entere”, “Cómo leer los mensajes de WhatsApp de otra persona”, “Cómo entrar a los mensajes de otra cuenta de Facebook”. Estaba obsesionado, piensan, con la nueva vida de Camila.
La noche de su desaparición, ella hablaba en simultáneo con sus amigas y su novio por WhatsApp: “Te extraño”, “Te amo”, se escribían. Exactamente a las 23:19 del viernes Camila dejó de contestar y no se conectó nunca más. La Justicia investiga la hipótesis de que González haya descubierto esos mensajes para luego matarla.

No es lo único que lo incrimina. "El Pollo”, que trabajó para empresas tercerizadoras de limpieza entre 2010 y 2014 pero no tenía un trabajo conocido, fue visto por un vecino con una pala. Al hombre le llamó la atención. “Lo último con lo que podías ver era con una pala”, dijo a la Justicia. Aunque en su casa no encontraron ninguna pala, otro vecino y conocido del barrio se presentó voluntariamente en la fiscalía con una pala y contó que González se la había pedido prestada una. Le había parecido extraño pero se la dio. Unos días después vio las noticias y entendió lo que había pasado.
Ahora la causa está en manos del Juzgado de Garantías N°3 y la fiscalía espera los resultados de una serie de pericias que pueden reforzar la imputación: un cotejo de muestras térreas que se obtuvieron de la pala secuestrada con la tierra de donde fue hallado el cuerpo para averiguar si efectivamente es la que se usó para enterrarla, una pericia genética, una pericia toxicológica sobre el cuerpo de la víctima y una pericia anatomopatológica sobre su corazón, para poder establecer una cronología de la muerte y rastrear afecciones previas.
Mientras tanto, un nene de 5 años y una nena de 7 que perdieron a su madre en un asesinato, presuntamente en manos de su padre, reconstruyen su vida en cuarentena junto a su abuela, que a su vez debe reconstruir su vida sin la de su hija, una desolación dentro de otra.
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