Este miércoles el ex pediatra Ricardo Russo fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. El fallo del doctor Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Contravencional porteño Nº 6, además lo inhabilitó a ejercer la medicina de por vida. Y por pedido de la fiscal Daniela Dupuy, encargada de la investigación, el magistrado decidió revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenar el traslado de Russo a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Fuentes cercanas a la causa aseguran a Infobae que tras pasar por una alcaldía, Russo será trasladado temporalmente al penal de Ezeiza y eventualmente será alojado en una celda del penal federal V de la localidad de Senillosa, a 33 kilómetros de distancia de la capital de Neuquén.
Un funcionario aseguró a este medio que la decisión de trasladarlo se determinó debido a que “su imputación reúne todas las condiciones”. El traslado se concretaría dentro de los próximos 15 días.
Este establecimiento de máxima seguridad está destinado únicamente al tratamiento de internos federales condenados por delitos contra la integridad sexual. Fue inaugurado en 2015 y tiene un régimen cerrado con alojamiento individual dividido en cinco pabellones. Actualmente, aloja a unos 200 reclusos.
En el lugar estaba hasta hace poco cumpliendo su condena Sergio Orlando Leiva Pérez, alías el “Negro Sombra”, quien secuestró al padre del “Corcho” Rodríguez: recibió una condena de 34 años (se efectivizará en el año 2031) y en abril de este año salió bajo libertad condicional con una tobillera electrónica atada a su pierna.
En la cárcel se implementa el “Programa de tratamiento para Ofensores Sexuales” (P.O.S.), cimentado en un modelo de intervención psicosocial desde un enfoque cognitivo conductual, que asiste en términos de tratamiento a las personas condenadas por la comisión de este tipo de delito.
Para ello, la dirección principal de Trato y Tratamiento del SPF conformó un equipo interdisciplinario especializado en la asistencia de los presos, conformado por docentes, psicólogos, asistentes sociales y profesores de educación física.
A partir de diseñar un espacio de aprendizaje que le posibilite al sujeto organizar la conducta, el propósito que persiguen es disminuir el grado de violencia, reducir los índices de reicidencia y bajar “los factores de riesgo dinámicos”, tales como hábitos, valores delictivos, distorsiones y falta de empatía, entre otros.
Como parte del programa, en el complejo se ofrecen distintas opciones de trabajos y actividades, como también cursos para su formación educativa: los internos pueden, por ejemplo, realizar tareas de jardinería, electricidad, artículos de limpieza, plomería, albañilería, guitarra y horticultura. En relación a esto último, el lugar posee tres huertas agroecológicas, que suman más de 100 bancales en producción.
Por otra parte, el Centro Educativo Provincial Integral (CEPI) Nº 1, del Consejo Provincial de Educación, dicta cursos de nivel primario y secundario, mientras que la Universidad Nacional del Comahue se encarga de la especialidad universitaria.
Este miércoles, antes de la resolución del juez Rúa sobre revocar el beneficio de la prisión domiciliaria, Russo se expresó en contra de ello: “Nunca manifesté voluntad de fuga, siempre colaboré cuando me lo solicitaron, desearía poder esperar hasta que el fallo quede firme en mi casa”, dijo.
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