
Ezequiel Villalonga tenía seis meses cuando Natalia, su mamá, supo que era sordo. Como tantos otros niños de su condición, Ezequiel comenzó con estimulación temprana en el prestigioso Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, especializado en la enseñanza de niños con discapacidades auditivas y trastornos del lenguaje. Se lo habían recomendado a su madre como uno de los mejores.
Pero a sus 18 años, Ezequiel descree de la Iglesia católica, principalmente porque los años que pasó en el Próvolo -desde sus 4 a sus 16- fueron para él y para muchos de sus compañeros un infierno de abusos sexuales y violencias sistemáticas por parte de los sacerdotes, monjas y personal del instituto mendocino que llega a juicio el próximo lunes.
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"Yo pienso que la Iglesia, todo adentro, es falso. Todo lo que nos hacen leer, decir, cómo debe ser la persona…pienso que son falsos y demoníacos", expresó Ezequiel en un reportaje con la agencia AFP en lengua de señas, que debió aprender de grande. Muchos ex alumnos del Próvolo tienen, aún de adultos, dificultades para comunicarse, porque la característica principal del método de enseñanza del instituto era evitar que aprendieran señas y fomentar el oralismo forzado. No enseñarle a hablar a sus víctimas garantizaba que no contaran ni denunciaran nada.

Ezequiel estuvo interno en el Próvolo hasta 2016, cuando estalló el caso que involucra tres causas principales y se cerró el instituto y solo volvía a su casa los fines de semana. "Era muy mala la vida ahí adentro. Nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada", contó.
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Su testimonio, que ratificó en cámara Gesell ante la Justicia, es uno de los relatos de una veintena de víctimas menores de edad que complican la situación de los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el jardinero Armando Gómez (49), que podrían ser condenados hasta a 50 años de prisión. "Yo quiero que todos estén ya con una pena", expresó Ezequiel. "Y así seamos todos felices".
El monaguillo Jorge Bordón, ex empleado administrativo del instituto, fue el primer condenado de la causa cuando confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión en un juicio abreviado.
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También hay una causa contra la monja Kumiko Kosaka, detenida con prisión domiciliaria desde 2017 y acusada de haber tenido participación primaria en episodios de vejámenes y corrupción de menores y una tercera con 8 imputados entre los que están la ex directora Graciela Pascual, también con prisión domiciliaria, la monja Asunción Martínez, otros directivos y una psicóloga.
Corradi, detenido a fines de 2016 y luego beneficiado con prisión domiciliaria, también está acusado de al menos tres hechos de maltrato y cinco de abuso en la sede de La Plata del Próvolo, al igual Jorge Brítez, un ex celador que fue detenido este año en Misiones y José Eliseo Primati, que será detenido cuando se resuelva su extradición de Italia.
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"¿Cómo son capaces?", se pregunta Paola González cuando recuerda el momento en que le confirmaron que su hija Milagros, hoy de 16 años, había sido abusada en el prestigioso colegio. "Si vos hubieras visto su cuerpito y estatura cuando entró. Era muy chiquita. Yo no entiendo, no puedo concebir tanta maldad. ¿Cómo son capaces de hacerle daño a un ser tan frágil?".

"Le pregunté. Lo único que hizo ella fue sentarse y hacer la seña de que le desprendían el pantalón y se lo bajaban y bajó de nuevo su mirada", recordó Paola, que es empleada doméstica y madre de siete hijos, sobre cuando decidió acercarse a la fiscalía con su hija y fue sometida a distintas pericias. "Y ahí te dicen lo que ningún padre o madre quiere escuchar: que tu hijo ha sido abusado por mucho tiempo".
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"Delante de tu hija no podés llorar, por más amor (que sientas). Es ella, son ellos los que pasaron todo eso. A partir de ese momento es convertir el dolor en lucha", agregó. "Es una gran victoria que la causa se ha elevado a juicio", indicó y repudió la reacción de la Iglesia católica frente a las causas judiciales. "La Iglesia ni siquiera ha respondido a la justicia, ha entorpecido también, ha ocultado pruebas y ha atacado de manera despiadada, desestimando los testimonios de los sobrevivientes".
"No hay suficientes palabras para solidarizarnos con el horror que han vivido y que les ha lastimado tanto. Y sobre eso hay que pedir perdón y tratar de sanar de la mejor manera posible, sin odio", dijo a AFP el monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, que fue designado comisario apostólico por el papa Francisco en julio de 2017 como interventor de la Compañía de María, de la que surgieron los institutos Próvolo.
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"Cuando me nombraron, lo primero que quise hacer fue acercarme a las víctimas para pedir perdón, y me sacaron volando. Hasta el día de hoy no lo pude hacer. Habrá que esperar que termine el juicio", agregó.
De cara al inicio del juicio, el Arzobispado mendocino también emitió un comunicado en solidaridad con las víctimas. "Los pastores, los consagrados y los laicos de esta Iglesia diocesana se han sentido desconcertados y dolidos ante estos hechos", indicaron en el escrito. "Creemos que la acción de la justicia es imprescindible para esclarecerlos, establecer las responsabilidades y las sanciones que correspondan".
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Desde la organización de Derechos Humanos Xumek, que participa como querellante y asesora a la gran mayoría de las víctimas, repudiaron las palabras de la Iglesia local y las calificaron de "demagógicas" y de una conducta "negadora e hipócrita".
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