Prostitución de menores: el cruel fenómeno detrás de la mujer de Santiago del Estero que le cobró $3000 a un pedófilo para que abuse de su hija

El caso de La Banda investigado por la fiscal María Alicia Falcione, con una niña de once años que reveló en cámara Gesell cómo su propia madre habría pactado con un amigo de su padrastro para abusar de ella en su casa por tres mil pesos, un testimonio validado por pericias que revelaron signos de un ataque sexual reciente, no es el único en el país en donde una madre está acusada de vender a su hija a un pedófilo.

Hay otros casos peores, más insidiosos: hechos reiterados al calor de la crisis y a la sombra de piezas y hotelitos en Flores y Constitución, en ranchos de la provincia de Buenos Aires. Son casos aislados por el momento, expedientes que se acumulan en varias jurisdicciones. En la mayoría de los casos, la barbarie que empieza por casa. El caso que ocurrió en enero de este año en Bernal fue de una crueldad particular.

Ramona Perla y Julián Agripino, oriundos de Paraguay, fueron detenidos en la villa Azul -en el límite entre Wilde y Bernal- por entregar a su hija de quince años a Juan Bautista Rotela Domínguez, el dueño de la casilla derrumbada en la que vivían, en concepto de pago de alquiler. El dueño de la casilla terminó detenido junto a ellos; Agripino también fue acusado de abusar de su hijastra, una causa a cargo de la UFI Nº8 de Quilmes del fiscal Alejandro Ruggeri. La joven fue trasladada a un refugio; Rotela Domínguez está preso en una alcaidía platense. Los policías que patrullan la zona son cautos. "No te mandes por ahí pibe, menos con una cámara", dicen.

En febrero de este año, la Bonaerense rescató a una chica de doce años de una casilla en Mar del Tuyú en donde sus padres la sometían a ancianos del barrio a cambio de abonos mensuales, tarifa fija para abusar sexualmente de una niña. La víctima declaró, contó cómo sus padres la entregaban desde que tenía nueve años, primero en su provincia, Misiones, luego en la Costa Atlántica, en un rancho sucio, entre arena y chatarra.

En Mar del Tuyú se mudaron a la casa de un hombre llamado Héctor, de 70 años. El cuerpo de la chica era el pago de alquiler, Héctor podía abusarla cuando quisiera. No era el único que lo hacía: el padre de la chica trajo a un amigo, Roberto, de 57 años, para que la tocara en la vagina y se masturbara frente a ella por unos $9.000 al mes. Todos fueron detenidos, con una causa a cargo de la UFI de Madariaga.

En Ostende, otras dos chicas fueron rescatadas en enero de 2018. Cristina A., la madre de una de ellas, era su proxeneta, las prostituía hacía más de un año según la imputación en su contra. Habían llegado a Ostende desde Florencio Varela poco después de la Navidad pasada. Unas semanas después, la madre madama ya hacía pasar a los clientes abusadores. Su propia hija declaró: "Tengo un hijo y tengo que alimentarlo. Nadie me obliga". Tenía 15 años. La otra veía a Cristina como "una tía del corazón", de conocerla "del barrio", de toda la vida.

La segunda víctima decía lo mismo, aseguraba que "quería tener su plata", pero Cristina se quedaba con la mitad de lo que ganaban. Había lencería erótica cuando allanaron la casa, consoladores de plástico rosa. "No tenían conciencia de que eran explotadas", dijo un investigador. En diciembre del año pasado, un dealer de 50 años de la zona de Comandante Andresito en Misiones terminó preso por violar a sus propias hijas y luego prostituirlas en un bar que regenteaba bajo un techo de chapa, con una camioneta robada estacionada en la parte de atrás.

Hay otras variantes, como la "escuela de modelaje" que dos hombres montaron en San Miguel de Tucumán y que la Gendarmería desmontó en octubre pasado con una menor de 16 años como víctima, un caso a cargo del fiscal federal Pablo Camuña. O Ernesto Zisuela, ex miembro del Concejo Deliberante de Florencio Varela, sindicalista del gremio de Gastronómicos de alto rango que fue esposado frente a toda su familia por la Bonaerense en un operativo a cargo del fiscal Pablo Ichazo, acusado de pagarle hasta $4.000 a chicas, emborracharlas en un bar y llevarlas a hoteles alojamiento de la zona. "Mandame una fotito sexy que te estoy vendiendo", decía Zisuela en un audio de WhatsApp.

Sin embargo, hay un nivel superior a toda esta vejación horrible. Nadie lo había hecho como los Landriel, una familia oriunda de Rafaela, provincia de Santa Fe, encabezada por Daniel Landriel, alias "Leandro", de 28 años y su padre Abelardo, "El Tiburón" junto a su madre, Patricia, o "Paia", una ex prostituta y su hermana Antonella. Alguien en los tribunales de Comodoro Py pensó en los perros cimarrones de Ushuaia, jaurías de mascotas abandonadas por trabajadores que dejaron la ciudad fueguina y se convirtieron en animales salvajes para matar ovejas y morder a turistas en senderos. Así actuaban los Landriel: como una jauría.

Hoy, Daniel y Abelardo están presos en el penal de Ezeiza. En enero de 2018, "Leandro" y "El Tiburón" fueron condenados por captar, someter y prostituir a dos adolescentes. "Leandro" recibió diez años de cárcel, su padre cinco, en un juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal Nº1, con una causa investigada en la que intervino la PROTEX, el área de la Procuración dedicada a investigar la trata de personas con el fiscal Marcelo Colombo."Paia" y Antonella fueron absueltas.

Con la primera de ellas, llamada G., oriunda de Florencio Varela, "Leandro" tuvo una hija cuando ella tenía poco más de trece años: la golpeó durante el embarazo, luego la llevó de Rafaela a Constitución para explotarla en una parada. La joven logró escapar en agosto de 2014 luego de una brutal golpiza en un hotel y pudo denunciar a los Landriel en la ex Comisaría 8° de la Federal. La chica volvió a su madre; la hija que tuvo con "Leandro" se quedó con su victimario durante meses.

La segunda, que venía de Rafaela, tenía apenas 14. Era obligada a prostituirse frente a un albergue transitorio en la calle Bacacay en Flores de donde la echaron cuando su edad se volvió evidente. Internada en el hospital Tobar García, se había vuelto fuertemente agresiva, desconfiada. "Síndrome de maltrato", diagnosticó una junta de especialistas.

Descubrieron que, también, sufría de un retraso madurativo.

No fueron las únicas. Hubo una víctima más.

A fines del año pasado, el juez Sebastián Casanello tuvo enfrente lo que había despedazado la jauría, una ruina, una chica quebrada. El equipo del Juzgado Federal Nº7 nunca había visto algo así. Estaba fuera de sí, en un estado de agresividad profundo. Tuvo que ser controlada, con el aval de las psicólogas que la acompañaban: le ataron las manos con precintos.

También tenía 14 años. A. es su nombre.

Landriel la había captado en septiembre de 2014 en la localidad cordobesa de Morteros, a menos de un mes de que su primera víctima, la madre de su hija, lo denunciara por prostituirla.

En noviembre del año pasado, Casanello procesó con prisión preventiva a Landriel padre e hijo por las vejaciones sufridas por A., el delito de trata con fines de explotación sexual por medio de engaños y violencia, todo agravado por el embarazo de la menor. Procesó también sin cárcel a Patricia y Antonella, les impuso la condición de presentarse cada mes ante su juzgado. A cada uno le  impuso un embargo de un millón de  pesos. Luego, Casanello los elevó a juicio. El TOF Nº8 estará a cargo del proceso.

Hay otro enigma alrededor del Bajo Flores. A mediados del mes pasado, una adolescente de 14 años del barrio, hija de miembros de la comunidad boliviana, desapareció tras salir del colegio secundario. Su padre no denunció su desaparición de inmediato, era frecuente que su hija se demorara un poco en volver. La Policía la encontró horas después, visiblemente intoxicada, sobre un tramo de tierra de la calle Montiel en Ingeniero Budge. Un análisis posterior indicó posibles signos de abuso. Junto a ella estaba su mochila escolar.

El caso se inserta en una problemática mucho mayor. Durante años, las desapariciones de adolescentes de las comunidades bolivianas y peruanas en el Bajo Flores y la Villa 1-1-14 que luego eran encontradas generaron fuertes sospechas. Investigaciones y testimonios recolectados por fiscales porteños como Horacio Azzolín apuntaron a hombres que les pedían material sexual a niñas entre amenazas y extorsiones.

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