El Consejo de la Magistratura activó el proceso de destitución del juez Soto Dávila, acusado de vínculos con narcos

El Consejo de la Magistratura de la Nación activó hoy el proceso de destitución del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien está acusado de beneficiar a narcotraficantes y con una orden de detención que se no puede concretar porque tiene fueros. Para que el magistrado quede preso se requiere que deje de contar con el cargo.

Por unanimidad, los nuevos 13 integrantes del Consejo -que se reunieron por primera vez esta mañana- decidieron citar a Sato Dávila para que se defienda de las acusaciones. El juez tiene en el Consejo -el órgano encargado de selección y la acusación de los magistrados- 14 denuncias.

Tras la decisión de citarlo, la Comisión de Disciplina y Acusación se reunirá en dos semanas para fijar la fecha y los cargos que se le imputarán al juez. El Consejo solo interviene sobre el desempeño del juez. La imputación penal está a cargo del juez federal Sergio Torres. En el mismo momento que el Consejo citó a Soto Dávila, el juez llegaba a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado.

Pero la indagatoria se postergó. Su defensa asumió hoy y le pidió al juez tiempo para ver la causa. Torres lo concedió y convocó para el lunes a Soto Dávila.

El Consejo citará a Soto Dávila para febrero. El reglamento establece que el magistrado tiene 20 días hábiles para responder la acusación en su contra. En enero hay feria judicial y esos 20 días se van para febrero. Cuando el juez conteste -puede hacerlo personalmente o por escrito-, el Consejo quedará en condiciones de resolver si lo suspende en el cargo y lo envía a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Con la suspensión, el magistrado pierde los fueros de inmunidad de arresto.

La fecha de la citación se resolverá el martes 18 de diciembre a las 10 horas cuando se reúna la Comisión. Allí también se decidirán cuáles son los cargos por los que Soto Dávila será acusado.

La Comisión la preside desde hoy el senador peronista Miguel Angel Pichetto, quién propuso la citación del juez. "Es un tema muy grave sobre el que tenemos que actuar", dijo Pichetto en la primera reunión del Consejo. Sus colegas lo acompañaron.

Soto Dávila tiene en el Consejo 14 expedientes en trámite, la mayoría de ellos vinculados a beneficios a narcotráficantes. Una de las denuncias fue la Cámara Federal de Corrientes -su superior- que señaló que el juez cambiaba los criterios para liberar a detenidos en diferentes causas cuando los hechos eran prácticamente similares. Los beneficiados con esas libertades eran narcos.

El juez Torres ordenó esta semana la detención de su colega de Corrientes, de dos de sus secretarios y de cinco abogados por formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas. El rol de Soto Dávila en la organización era darle protección judicial a los acusados.

La prueba que Torres -junto con el fiscal federal Carlos Stornelli y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias– fue la declaración de un narco arrepentido que declaró que le pagaban coimas al juez y escuchas telefónicas que dan cuenta de la participación del juzgado.