
Desde el año 2009 y el juez Sergio Torres, tiene a su cargo una investigación para determinar si en la operación de compra de 20 aviones Embraer que hizo Aerolíneas Argentinas en mayo de aquel año se pagaron sobreprecios y coimas. La adquisición se hizo cuando Ricardo Jaime era el secretario de Transporte de la Nación y Julio Alak -luego ministro de Justicia y Derechos Humanos-, presidente de la empresa de aviación que había sido estatizada por el kirchnerismo.
En la investigación se trata de determinar si los 700 millones de dólares que se pagaron por los 20 aviones fue el precio de mercado. Cada Embraer E-190 que Aerolíneas Argentinas compró para Austral se pagó algo más de 34 millones de dólares. Según la denuncia originaria, comparada con otras ventas que hizo Embraer, el precio pagado por Aerolíneas fue algo más del 10% más caro. Al inicio del expediente desde la empresa argentina explicaron que se pactó un precio más alto porque se compraron repuestos y se acordó un sistema de entrenamiento para pilotos.

En diciembre de 2011 el diario paulista Valor Económico publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities Exchange Commission (SEC) -que controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York- investigaban a la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) por sospechas de corrupción. Las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York -como la brasilera Embraer- deben respetar la llamada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que castiga a empresas, sean nacionales o del exterior, que sobornen funcionarios para hacer negocios. Embraer admitió ante la SEC haber comenzado una investigación para determinar si hubo prácticas corruptas en operaciones realizadas en varios países. Se supo entonces que uno de ellos es Argentina.
Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales, luego de varios requerimientos enviados desde diciembre de 2011 por Torres a Washington, llegó a principios de 2017 una respuesta de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el documento al que accedió Infobae se señala que "de acuerdo con los fiscales de Estados Unidos ellos no hallaron evidencia de conducta criminal por parte de Embraer, sus empleados o agentes en Argentina". Es por ello que no continuaron la investigación y cerraron el caso.

Incluso en 2014 desde Estados Unidos enviaron al juzgado de Torres información sobre una cuenta bancaria de Manuel Vázquez, testaferro de Jaime y uno de los investigados en la causa iniciada por la compra de los aviones Embraer. Pero esa información fue enviada de manera equivocada: había sido otro juzgado de Argentina la que pidió la información sobre una cuenta de Vázquez en Estados Unidos donde le habían depositado una coima.
Torres también pidió documentación del caso por exhorto a Brasil y desde allí llegó información en la que se explicó que Embraer condujo una investigación interna sobre el posible pago de coimas para que Aerolíneas -Austral comprara los aviones. Allí tampoco se detectaron irregularidades, hecho que fue informado a la SEC.
Torres además ordenó un peritaje que estuvo a cargo de integrantes del Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata. Ese estudio señaló que la venta de los aviones se realizó al precio del mercado y que las operaciones tenían condiciones particulares pactadas en cada caso.
Al comienzo de la investigación fueron varios ex funcionarios los que quedaron bajo la lupa judicial. Porque la compra fue negociada por el ex ministro de Planificación Julio de Vido, por Alak -quien primero se opuso a pagar el precio convenido y luego lo aceptó- y por Jaime -quien iba a estar dos meses más como secretario de Transporte, porque lo echaron en julio de 2009-. El actual diputado nacional por el Frente para la Victoria y ex ministro de Economía Axel Kicillof había sido subgerente general de Aerolíneas en la época de la operación investigada. En mayo de 2011, Kicillof había dicho que "los Embraer fueron financiados en un 85% por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con una tasa que es del 7% anual a 10 años, una tasa inédita para un préstamo que no es financiero, sino destinado a inversiones". Kicillof había hecho esas declaraciones en el Congreso, ante la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones debido al cargo que ocupaba antes de llegar al staff de Economía.
Pero a pesar del resultado del peritaje se siguió investigando porque como admitió Embraer ante la SEC cuando se avino a que se auditara el caso, el precio pudo haber sido el correcto y la financiación adecuada, pero igual se pudo haber pagado coimas.
Sin embargo en la SEC no hallaron evidencias de conductas criminales por parte de Embraer en la venta a la Argentina. Por eso cerraron el caso. En el juzgado de Torres, donde también se analizaron mails hallados en los allanamientos realizados al principio de la investigación, el caso sigue abierto. La empresa Aerolíneas Argentinas -tanto en el gobierno anterior como en el actual- sigue el caso a través de sus abogados e inclusive designaron perito para el estudio del precio. Hasta el viernes pasado no se había presentado como querellante en la causa.
Jaime y Vázquez, quien actuó como contacto con Embraer, están procesados en varias causas por delitos de corrupción cometidos en la secretaría de Transporte del kichnerismo. Detenidos ambos desde abril de 2016, afrontarán desde el 22 de octubre un juicio oral y público donde se revisará -entre otros hechos- lo actuado por ambos en la compra millonaria de trenes chatarra a España y Portugal. En el caso de Embraer en cambio, no aparecen pruebas que los compliquen, por lo menos por ahora.
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