El 26 de abril pasado y a través de una resolución de 337 páginas, la jueza María Romilda Servini procesó a Enrique Juan Blaksley Señoranss, presidente y principal socio de la financiera Hope Funds, por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado. Este lunes la Cámara Federal con el voto de los jueces Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia, confirmó el procesamiento del empresario, que deberá cumplir prisión preventiva y sobre el que recae un embargo por 3 mil millones de pesos.
La fiscal del caso, Alejandra Mángano, estima que la estafa del llamado "Madoff argentino" involucró a al menos 2230 damnificados. Esta tarde se confirmaron también los procesamientos del socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué, con prisión preventiva y un embargo de 1833 millones; Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley con un embargo de 2777 millones y un monto similar para Verónica Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.
La Cámara resolvió según consta en el escrito "rechazar los planteos" que buscaban la nulidad del procesamiento basándose, entre otros argumentos, en que hubo de parte de los acusados signos concretos de querer "entorpecer la pesquisa", así como también se dio cuenta de que habrían "activado mecanismos tendientes a poder actuar sin ser detectados".
En la presentación de abril pasado Servini había sido especialmente dura en sus argumentos contra Blaksley, que basaba su negocio en la promoción constante y fotos con figuras como Roger Federer, el papa Francisco o Benedicto XVI, todo a fines de demostrar una supuesta solvencia económica que atrajera más contratos, que derivarían en nuevas estafas.
"La pretendida imagen que se intentaba mostrar de Blaksley como un hombre de negocios exitoso 'que se dedicaba a comprar empresas, inyectarles capital y hacerlas aumentar de valor', que tenía una influencia tal que le permitió acceder a encuentros con dos Sumos Pontífices diferentes, además de participar de eventos deportivos de renombre, en los cuales se encontraban involucrados diferentes estamentos estatales como la Municipalidad de Tigre y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contribuía al armado perfecto para la defraudación materializada", había manifestado la jueza en su resolución.
Lo que dio inicio al expediente y a la posterior investigación judicial fue una denuncia por estafa en noviembre de 2016 que tiene como abogado a Gonzalo Romero Victorica, al que luego se sumaron otros querellantes como Víctor Varone y Hernán Vega, del estudio Iezzi & Varone.
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