
Este mediodía, la jueza María Romilda Servini procesó por los delitos de lavado de dinero y estafa al empresario Enrique Blaksley Señorans, presidente y principal socio de la financiera Hope Funds, acusado de encabezar la mayor estafa de la historia argentina, hoy preso en el penal de Ezeiza y vigilado bajo el mismo programa anticorrupción que se le aplica a Julio de Vido.
Blaksley, sospechado de una defraudación calculada por la fiscal del caso, Alejandra Mangano, en 1500 millones de pesos y que involucró a al menos 2230 damnificados, fue procesado por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado. Servini resolvió también dictar su prisión preventiva y lo embargó por la astronómica cifra de tres mil millones de pesos.
En la resolución, de 337 páginas de largo, Servini también procesó al socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué, con prisión preventiva y un embargo de 1833 millones; a Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley -con un embargo de 2777 millones– y un monto similar para Verónica Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.
Por otra parte, la jueza federal decretó cuatro nuevas declaraciones indagatorias y cuatro allanamientos a propiedades porteñas, así como información a diversas entidades financieras e inmobiliarias ligadas a los negocios de Hope Funds. El fideicomiso detrás de Verazul, un proyecto de country en Pilar que fue el mayor negocio fallido del empresario y que fue integrado por ciudadanos chinos, coreanos y bolivianos del Bajo Flores y la Villa 1-1-14, fue de especial interés para la jueza: Servini requirió a las autoridades de la AFIP saber si sus más de 15 integrantes tienen la solvencia necesaria para ser dueños de un terreno VIP. Blaksley, por otra parte, pidió ampliar su declaración indagatoria mediante su defensa, luego de una exposición maratónica de más de ocho horas tras su detención, algo que la jueza aceptó.
Servini fue particularmente dura en sus argumentos contra el empresario, que basaba su negocio en la promoción constante y fotos con figuras de talla mundial como Roger Federer, el papa Francisco o Benedicto XVI, un señuelo de supuesta solvencia para atraer clientes para sus contratos de mutuo que finalmente lo llevaron a la Justicia.
La jueza razonó: "La pretendida imagen que se intentaba mostrar de Blaksley como un hombre de negocios exitoso 'que se dedicaba a comprar empresas, inyectarles capital y hacerlas aumentar de valor', que tenía una influencia tal que le permitió acceder a encuentros con dos Sumos Pontífices diferentes, además de participar de eventos deportivos de renombre, en los cuales se encontraban involucrados diferentes estamentos estatales como la Municipalidad de Tigre y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contribuía al armado perfecto para la defraudación materializada".
Gonzalo Romero Victorica, el abogado querellante en el expediente que inició la denuncia original por estafa en noviembre de 2016, a la que luego se sumaron otros querellantes como Víctor Varone y Hernán Vega del estudio Iezzi & Varone, está satisfecho con la medida. "La resolución dictada por la doctora Servini se ajusta a derecho y se corresponde con las pruebas y elementos que acompañamos en la denuncia y durante estos casi dos años de instrucción . La fiscalía hizo una muy buena tarea investigativa que se plasmó en la detención de hace unos días y en este procesamiento con prisión preventiva". Sin embargo, el abogado considera que algo falta: "Debe ahora irse por los bienes societarios y personales. Blaksley y su familia vivían -su mujer e hijos siguen haciéndolo- en una casa de dos millones y medio de dólares".


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