El jueves pasado por la tarde, el sargento Rubén García, miembro de la división Motorizada de Quilmes, le disparó en el muslo derecho a su novia de 19 años de edad que se aprestaba a denunciarlo en la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela. Un oficial con rango de teniente dentro del lugar salió al cruce de García, que ignoró la voz de alto y disparó sobre el teniente. El teniente respondió con fuego: la bala rozó el pie derecho de García, dejándolo inmóvil. García fue aprehendido, imputado por resistencia a la autoridad, abuso de arma y lesiones, con una causa a cargo de la UFI N°4 de la jurisdicción. Pero lo que podría haber sido un femicidio a plena luz del día en un contexto de gravedad institucional total es parte de un problema mucho mayor.
El sargento García, más allá de su causa judicial, fue desafectado de su cargo con un sumario administrativo abierto: de vuelta en libertad o no, su sueldo se reducirá a la mitad, su pistola será decomisada y ya no estará en servicio activo. Su exoneración o expulsión de la fuerza se definirá con el cierre del sumario.No es el único: otros 698 efectivos fueron congelados en sus puestos por hechos de violencia de género durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad.
El año pasado, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense compiló estadísticas entregadas por la Auditoría de Asuntos Internos sobre la problemática. Los números comprendían los períodos de 2015 y 2016. 2.252 agentes fueron acusados internamente en la fuerza por hechos de violencia de género o familiar. El arma reglamentaria estuvo involucrada en un 13% de los casos.
De una muestra de 1286 casos incluida en el informe de Asuntos Internos, el 42 por ciento de los denunciantes fueron las parejas de los efectivos quienes elevaron el reclamo, las ex parejas en un 28 por ciento, con solo siete casos de colegas dentro de la fuerza. El principal tipo de violencia ejercido es el psicológico, que figura en un 57 por ciento, con un 38 por ciento de hechos denunciados que incluyen violencia física. De ocho femicidios presuntamente cometidos por policías y registrados por Asuntos Internos en el período analizado solo una víctima era esposa del acusado y solo una su ex pareja, una cifra que contrasta fuertemente con el resto de las estadísticas que ubican a las parejas como denunciantes.
Sobre 1835 sumarios iniciados, solo 20 tenían una sanción de acuerdo al informe actualizado hasta comienzos de 2016. Los números vigentes hasta diciembre de 2017 cuentan otra historia. Más allá de los 699 policías echados de su cargo por acusaciones de ejercer violencia contra mujeres o contra sus familias, otros 118 fueron eventualmente suspendidos según fuentes del Ministerio de Seguridad. Otros 46 fueron expulsados totalmente de la Bonaerense. En total, 863 policías en los últimos dos años.
El instrumento que llevó a cabo estas medidas es la Dirección de Políticas de Prevención, Género y Derechos Humanos que depende de Asuntos Internos y es encabezada por una psicóloga civil. En una tarea conjunta con otros ministerios como Justicia, Salud y la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección, cuya creación fue anunciada en el Boletín Oficial provincial de marzo de 2017, estableció un protocolo de acción para cada denuncia que ofrece protección a la víctima denunciante.
La violencia de género, de acuerdo a cifras publicadas por La Nación, representa un 17% de la problemática general que procesa Asuntos Internos. Es la cuarta causa de denuncias luego de factores como corrupción y abuso de fuerza. Las acusaciones de violencia de género llegaron en su momento hasta el mismo ex jefe de la fuerza, Pablo Bressi. La revista Noticias reprodujo en agosto de 2016 dos testimonios de ex parejas de Bressi que hablaron de violentas golpizas. Bressi negó las acusaciones para luego presentar su renuncia en marzo de 2017.
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