
Darío Gastón Badaracco, hoy prófugo, está acusado de matar a Araceli Fulles, de descuartizarla, envolver las partes de su cadáver desnudo en una sábana y enterrarlo bajo cal, escombros y una capa de cemento en un rancho en la parte trasera de la casa de su madre. Se fugó ayer, tras declarar por tercera vez en la causa, no como imputado, no como sospechoso, sino como testigo. Habló y se fue.
Si es detenido y hallado culpable por la muerte de Araceli, Badaracco, de 29 años, empleado de un corralón, casado, padre de al menos dos hijos, se convertirá en un femicida, el autor de un crimen aberrante que mantuvo al país en vilo por casi un mes. Sin embargo, la muerte de Araceli no se trata de su debut en el delito: Badaracco ya era un reincidente serial.
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Fuentes policiales apuntaron a Infobae que ya el hombre había sido detenido anteriormente con causas penales en el fuero de San Martín. En 2012, cayó por tentativa de robo. En 2013, tuvo una acusación por encubrimiento. En 2014, fue nuevamente acusado de cometer un robo.

Ayer por la noche, cuatro hombres fueron detenidos y dos aprehendidos en el caso a pedido de la fiscalía. Los detenidos, como partícipes en el homicidio de Araceli, los otros dos, como encubridores. Son Jonathan Rubén Ávalos, de 29 años, un mensajero oriundo de Villa Progreso, San Martín, su hermano Emanuel, de 25 años, vecino también de José León Suárez, y Marcos Antonio Ibarra, de 32 años, operario de fábrica, de la misma localidad.
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Carlos Damián Cassalz completa la lista de los presos por participar en la muerte de Araceli. Comerciante de profesión, calvo, de contextura fornida, tiene un prontuario mucho más pesado que el prófugo Badaracco. En septiembre de 2001, Cassalz fue investigado por la UFI N°2 de San Martín. El delito: tenencia de arma de guerra. En febrero de 2002, cayó por un delito peor: secuestro extorsivo, una causa que instruyó la UFI N°1 de Campana. Irónicamente, Cassalz había sido detenido un mes antes por llevar de nuevoo un arma de guerra, el expediente recayó en la UFI N°4 de San Martín. En agosto de ese año, fue investigado por una fiscalía de San Isidro por una supuesta participación en otro secuestro extorsivo.

La DDI de San Martín por la otra parte aprehendió a otros dos compañeros de trabajo de Badaracco, Hugo Martín Cabanas y Marcelo Ezequiel Escobedo, acusados de encubrimiento.
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Tanto Cabanas y Escobedo como el resto de los detenidos permanecen incomunicados. Todos ellos coincidían en el corralón PyPMix de la villa La Cárcova -Cassalz integra la sociedad que lo controla-, en donde Badaracco trabajó: se encontró ADN de Araceli en su camión de reparto. Todos ellos serán indagados. Por lo pronto, ya comenzó la autopsia al cuerpo de la joven en la morgue judicial de San Martín.

La Policía Bonaerense fue quien halló el cadáver, con el cuerpo de perros K-9 y una actuación de la DDI de San Martín. Ya habían allanado 300 domicilios en varios asentamientos del municipio a comienzos del mes pasado. Sin embargo, el caso sacudió sus estructuras.
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El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que tres efectivos fueron separados de la fuerza. Son el subcomisairo Hernán Humbert, cabeza de la comisaría 8va de San Martín, el principal José Gabriel Herlein, de la comisaría 5ta y el subinspector Elián Ismael Ávalos, del CP de Tres de Febrero. Ávalos, precisamente, es hermano de los dos detenidos del caso: participó de los rastrillajes que buscaron a Araceli.
Sin embargo, las críticas de Ricardo Fulles, el padre de Araceli, no se centraron en el trabajo de la Policía sino en la actuación de la fiscal del caso, la doctora Graciela López Pereyra. "No sabe a dónde está parada", lanzó Fulles frente a las puertas del hospital Carrillo. No está solo en sus críticas. Varias voces judiciales además de Ricardo Fulles objetan que la fiscal no aceptó ayuda de diversos sectores.
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Por ejemplo, la PROTEX, el ala del Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Marcelo Colombo que investiga delitos de trata, intentó colaborar varias veces en el expediente de Araceli con propuestas de medidas de prueba. López Pereyra rechazó cada ofrecimiento. "La teoría de la fiscal era que 'la chica se había ido sola'", confía una fuente.
Por lo pronto, la cacería de Badaracco es un hecho: la división Búsqueda de Personas de la PFA colabora en la pesquisa.
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