Neuquén: echaron a dos empleados públicos que ingresaron con una mujer a un edificio estatal y consumieron cocaína

Dos agentes estatales de la provincia de Neuquén perdieron sus cargos en la administración pública tras una serie de irregularidades constatadas durante una guardia nocturna en una dependencia del Estado. Las cámaras de seguridad, los registros escritos y sus propias declaraciones ante los investigadores terminaron por sellar su suerte. Lo que comenzó como una infracción al reglamento de ingreso derivó en una confesión que nadie en el expediente esperaba.

El 28 y 29 de septiembre de 2024, Héctor Daniel Ramírez y Mario Alberto Contreras, ambos serenos de la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia, permitieron que una mujer permaneciera en el edificio ubicado en las calles Remigio Bosch y J.J. Lastra de la ciudad de Neuquén. La persona estuvo y circuló por las instalaciones durante más de diez horas sin ningún tipo de autorización ni justificativo institucional.

El sumario administrativo se inició el 14 de febrero de 2025, luego de que el superior jerárquico del área solicitara acceso a las cámaras de seguridad de la Dirección Provincial de Protección de Derechos de las Personas Mayores, que funciona en ese edificio. La Dirección de Servicios Informáticos remitió los archivos digitales correspondientes, y las imágenes confirmaron la presencia de la mujer en el lugar. En ellas se observa a los dos agentes deambulando junto a ella por los pasillos durante la madrugada.

La instrucción del caso, conducida por la Dirección Superior de Sumarios, reunió pruebas documentales, testimoniales e informáticas. En el transcurso de la investigación, Ramírez y Contreras prestaron declaración. Allí reconocieron haber incumplido la obligación de registrar en el Libro de Actas todo ingreso de personas particulares a la dependencia, aunque intentaron deslindar su responsabilidad individual: cada uno señaló al otro como el responsable de haber habilitado el acceso inicial de la mujer. Aun así, los dos admitieron haber consentido su permanencia en el lugar. Sobre Ramírez pesó además una irregularidad paralela: según consta en el expediente, registró su asistencia laboral mientras usufructuaba una licencia por razones personales.

La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial evaluó las conductas y determinó que quebraron de forma directa la función esencial del cargo, consistente en velar por la seguridad de los bienes estatales y de las personas. El decreto de exoneración fue terminante al describir lo ocurrido. “Específicamente los agentes Ramírez y Contreras cometieron la falta grave e inexcusable de encontrarse en las oficinas de la Subsecretaría de Familia con una mujer ajena al lugar, durante horas circulando por el establecimiento, consumiendo cigarrillos, y conforme confesó el agente Contreras también cocaína. Estas últimas conductas resultan inadmisibles y violan de manera grave y directa la esencia de la función de ‘sereno’”, indica el texto del decreto.

La exoneración es la sanción más severa dentro del régimen disciplinario de la administración pública neuquina, más grave aún que la cesantía. Implica la desvinculación definitiva del agente y supone consecuencias sobre sus derechos como ex empleado estatal. En el caso de Ramírez y Contreras, la medida se apoyó en un cúmulo de pruebas que incluyó registros fílmicos, documentación y las declaraciones de los propios sumariados, con garantía del derecho a la defensa en cada etapa del proceso.

Las sanciones, sin embargo, no recayeron únicamente sobre los dos exonerados. Danton Américo Gómez, compañero de ambos, recibió una suspensión de veinte días sin goce de haberes por no haber dejado constancia en el libro de actas de las anomalías que se produjeron durante sus turnos. La falta, aunque distinta en naturaleza a la de Ramírez y Contreras, también quedó documentada y tuvo consecuencias disciplinarias.

Los tres casos se enmarcan en la política de depuración de la planta estatal provincial impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que ya acumula varios antecedentes de sumarios y sanciones a agentes públicos en distintas reparticiones del Estado neuquino.