El episodio se concentró en el primer tramo del recorrido después de que los agresores cortaran el paso y quitaran las cintas que demarcaban el circuito. Uno de los participantes contó que lo golpearon con boleadoras y le rompieron la remera (Video: @Hechosanderecho)
El brutal episodio de la agresión a un grupo de corredores, ocurrido el último domingo durante la competencia, sumó un nuevo capítulo este lunes. Referentes de la Lof Leufuche se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal para denunciar a los organizadores de la prueba por haber trazado parte del circuito en un sector que consideran parte de su propiedad comunitaria.
Además, denunciaron al Municipio de General Roca por haber autorizado el evento. Según pudo saber Infobae, la presentación incluye los presuntos delitos de turbación de la posesión, destrucción de sitios arqueológicos e incumplimiento del derecho a la consulta previa.
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La denuncia fue radicada en la Fiscalía Nº 1 de General Roca. En el escrito, la comunidad responsabiliza a autoridades políticas por “violaciones sistemáticas a un territorio comunitario indígena”, aunque no hace referencia a la agresión ocurrida durante la competencia.
Desde el Municipio de General Roca rechazaron esa interpretación y aseguraron que el circuito se desarrolló en un sector de acceso público, ubicado dentro de un Área Protegida Municipal (APM).
"Es un área de uso recreativo a la que pueden asistir libremente no sólo deportistas, sino también familias y vecinos para realizar actividades al aire libre", explicó la secretaria de Producción del municipio, Florencia Ghirardelli.
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La funcionaria indicó que el organizador presentó previamente el croquis del recorrido, que fue evaluado y autorizado por guardias ambientales y otras áreas municipales. También señaló que participaron organismos provinciales en la coordinación del operativo.
El ataque a los corredores
La agresión ocurrió el domingo al mediodía, cuando un grupo de jinetes interceptó a los competidores y los atacó con rebenques y boleadoras. Varios corredores sufrieron golpes y algunos no pudieron completar la prueba.
“Me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató uno de los participantes.
Fernando Castro, otro de los corredores, aseguró que “es una situación de violencia que se viene dando desde hace mucho tiempo”.
El repudio de la organización
Tras los incidentes registrados durante la 17ª edición de la Doble Apolo, la organización repudió lo sucedido y afirmó que la competencia contaba con todas las autorizaciones necesarias.
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En un comunicado, la organización señaló que presentó el recorrido ante la Municipalidad de General Roca, abonó los cánones correspondientes, obtuvo los permisos de Vialidad Rionegrina para los cortes parciales sobre la Ruta 6 y también la autorización del propietario del campo lindero al predio municipal.
Asimismo, explicó que, como ocurre habitualmente, colaboradores recorrieron el circuito media hora antes de la largada y detectaron la remoción de algunas marcas de señalización. Según precisaron, en ese momento no había personas en el lugar y la cartelería fue reinstalada minutos antes del inicio de la competencia.
“Esperamos que la Justicia y las autoridades tomen intervención para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse”, expresaron.
La postura de la comunidad
En un comunicado, la Lof Leufuche sostuvo que desde hace 18 años la competencia afecta a las siete familias que integran la comunidad.
“Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales y utilizan las únicas bajadas que tienen las vacas para llegar al río. Hemos sufrido importantes pérdidas porque los animales se espantan y caen por las bardas”, señalaron.
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También afirmaron que el día previo a la carrera la vocera de la comunidad solicitó reunirse con los organizadores para expresar su desacuerdo con el recorrido, aunque sostuvieron que ese pedido no fue atendido.
Finalmente, cuestionaron el desarrollo de distintos proyectos y actividades que, según aseguran, se realizan dentro del territorio comunitario sin el consentimiento de la comunidad.
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