El juez Ariel Lijo cuestionó los discursos de odio: “Es mucho más grave cuando lo hacen un influencer o un funcionario”

El juez federal Ariel Lijo advirtió que “el problema es la falta de tolerancia, pilar de la convivencia” durante su participación en una jornada sobre discursos de odio organizada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El magistrado, que tiene bajo su órbita causas de alta exposición política, fue una de las figuras centrales del panel “Discursos de odio, radicalización y amenazas emergentes”.

El encuentro reunió ante un auditorio colmado a Lijo, al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein; a la fiscal general adjunta Alejandra Mángano; y al presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso, Omar Abboud. La moderación estuvo a cargo de la periodista Romina Manguel.

Sobre el núcleo temático del panel, Lijo trazó una distinción entre la crítica legítima y el discurso que habilita la violencia. “La regla es que se puede criticar, el punto de discusión es donde está el límite”, afirmó. Y precisó que “cuando se incita y se promueve la violencia sobre una persona, eso se sale de la libertad de expresión”. En esa línea, el magistrado subrayó que no todos los discursos de odio constituyen un delito y que, como principio general, se pondera la libertad de expresión.

Lijo tiene a su cargo investigaciones de alta sensibilidad que involucran a funcionarios del gobierno nacional, entre ellas la que apunta al presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La moderadora introdujo la cuestión del rol de las figuras de poder en la propagación de discursos de odio. Lijo fue directo: “El discurso de odio no es lo mismo que un delito de odio. O sea, son dos cosas distintas. Por eso es mucho más grave cuando lo hace un influencer, que tiene millones de seguidores, o un funcionario. La posibilidad de la difusión de la amenaza discriminatoria y violenta lo transforma en un discurso de odio”.

Mángano coincidió con esa apreciación y agregó que “a mayor llegada (de quien pronuncia el discurso de odio), más riesgo hay de que exista una salida negativa en forma de acción individual, por ejemplo, en la vía pública”.

Mángano también describió una tendencia que trasciende las fronteras nacionales: “vemos globalmente, no sé si es causa o consecuencia, que existen discursos de odio y personas que esperan escucharlos. Inclusive existen comunidades transnacionales que los promueven y los convierten en una suerte de producto para vender”. La fiscal señaló que desde la Justicia “contamos con marcos jurídicos para llevar adelante nuestro trabajo” y que “el mayor desafío está en la prevención”.

Abboud, por su parte, marcó el límite entre la crítica admisible y la que vulnera derechos: “Nosotros podemos aceptar críticas. Pero cuando se deshumaniza y generaliza a un grupo, tenemos un problema”. Berenstein puso el foco en la dimensión digital del fenómeno e informó que la DAIA trabaja en un sistema de social listening para monitorear la conversación en redes e identificar si las expresiones de odio responden a campañas coordinadas o son espontáneas.

Al cierre de la jornada, Lijo volvió a su diagnóstico de fondo: “el problema es la falta de tolerancia, pilar de la convivencia. Eso es lo que nos está faltando”, una afirmación en la que todos los participantes del panel coincidieron.