ATE convocó a un paro en las oficinas públicas el 21 de abril en reclamo por negociaciones paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar un Paro Nacional con movilización para el martes 21 de abril. La decisión, tomada por el Consejo Directivo Nacional que reúne a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge como respuesta al reclamo por la reapertura de negociaciones paritarias y en rechazo a cualquier iniciativa de recorte en la estructura estatal. El sindicato anticipó que la jornada incluirá manifestaciones en todo el país, con modalidades que serán definidas en cada jurisdicción durante los próximos días.

El anuncio fue acompañado por declaraciones del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien advirtió: “Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”. Aguiar sostuvo que el Gobierno “sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”. Desde la organización sindical sostienen que el poder adquisitivo de los estatales “está en caída libre” y que el endeudamiento de los hogares es total.

La medida de fuerza se decidió en una reunión celebrada en el Hotel 27 de Junio, sede de ATE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese encuentro, los secretarios generales de las distintas seccionales analizaron la situación salarial y acordaron exigir la inmediata apertura de la discusión paritaria en la administración pública nacional. “Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, sentenció Aguiar durante la asamblea.

El paro nacional del 21 de abril convocado por la Asociación Trabajadores del Estado responde a la falta de convocatoria a paritarias y al deterioro sostenido del salario en el sector público. La organización rechaza los recortes impulsados por el Gobierno y advierte que si no se reanuda el diálogo salarial, se profundizará la conflictividad en todas las oficinas públicas. La medida busca presionar para que se abran nuevas negociaciones que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores estatales.

Según ATE, el periodo paritario vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 para la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno otorgó, con aval de UPCN, incrementos para ese lapso que, según el sindicato, ya se encuentran dos puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada, mientras se aguarda conocer la evolución de los precios de los últimos tres meses del periodo.

Las autoridades sindicales señalan que durante la gestión de Javier Milei los trabajadores estatales han perdido más del 44% de su poder adquisitivo. Este cálculo, realizado a partir del seguimiento de los índices oficiales y la evolución de los salarios convenidos, es uno de los argumentos centrales esgrimidos por el gremio para justificar la convocatoria a la huelga general y la movilización.

En paralelo a la convocatoria del paro, ATE también resolvió acompañar la movilización de trabajadores de la fábrica FATE a la Plaza de Mayo, prevista para el martes 14 de abril. El sindicato manifestó su apoyo a la puesta en marcha de la planta y al rechazo de la apertura indiscriminada de importaciones, al considerar que las medidas de ajuste “no discriminan entre públicos y privados”. “Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo”, expresó Aguiar.

El sindicato remarcó que la medida de fuerza del 21 de abril no solo busca la reapertura de las negociaciones paritarias sino también frenar cualquier intento de desfinanciamiento, desguace o despido de trabajadores en distintas áreas estatales.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), del que ATE forma parte junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones, difundió un informe que estima que en los últimos dos años cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado. El cálculo arroja que el conjunto de los trabajadores perdió 54 billones de pesos durante la actual administración.