Salta aplicará multas o hasta 30 días de arresto a los padres de niños que cometan bullying

La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que incurran en acoso escolar y bullying. Los adultos responsables podrían recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si no prestan colaboración con solucionar la problemática.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas salteñas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, en el recinto, la diputada Socorro Villamayor subrayó que la reforma no implica una aplicación automática de prisión para los tutores. De hecho, el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

El impacto de la violencia escolar en Salta y el resto del país ha sido materia de preocupación reciente. Según se debatió en la legislatura, el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves ocurridos en otras provincias, como el asesinato de un adolescente en Santa Fe en manos de un compañero armado. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante el acoso escolar.

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. El proyecto, presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, fue debatido en el recinto y recibió modificaciones de otras bancas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

La legisladora Villamayor manifestó que la medida procura evitar que, ante una notificación formal de la escuela, los padres ignoren su deber de intervenir y prevenir la repetición de episodios de acoso.

Durante la discusión parlamentaria, varios diputados hicieron hincapié en el agravamiento de la violencia en los entornos escolares y la necesidad de actualizar los instrumentos legales para proteger a los menores.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos. El arresto quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.

El caso de Santa Fe

Con respecto a la violencia en entornos escolares, Villamayor tomó el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, como ejemplo de esta problemática. Todo sucedió hace dos semanas, cuando un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió del baño y abrió fuego contra sus compañeros. Uno de esos tiros mató a Ian Cabrera, un niño de 13. Hasta el momento, no pudieron confirmar que ambos se conocieran; en principio, se sabe que no tenían relación y que Cabrera no estuvo relacionado con las agresiones que el atacante habría sufrido.

Frente a esto, las autoridades santafesinas comenzaron a investigar cómo era su ambiente familiar y el vínculo con sus compañeros. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.