El gobierno neuquino iniciará el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que residen en la provincia, en especial de aquellas que están asentadas en la zona de la reserva petrolera de Vaca Muerta.
Con el compromiso de iniciar esa revisión, la provincia descomprimió el bloqueo que durante 12 horas mantuvieron las comunidades mapuches en los accesos a las principales explotaciones petroleras del lugar.
Sin embargo el encuentro entre el gobierno provincial y los representantes de los pueblos originarios no será “de trámite fácil”. Las comunidades pretenden extender el relevamiento hasta la actualidad mientras que el gobierno propuso hacerlo sólo hasta el año 2006.
El bloqueo comenzó a las 6 de la mañana del lunes y se prolongó hasta las 18, cuando el gobierno convocó a los voceros indígenas para acordar el cónclave de la semana próxima.
Durante ese tiempo impidieron el acceso de camiones y vehículos pesados a las explotaciones Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayén y Puesto Hernández.
“Exigimos que se cumpla la ley de relevamiento territorial y hasta la actualidad, no hasta el año 2006 como pretende el gobierno neuquino” habían anticipado desde la Confederación Mapuche de la provincia petrolera.
Los mapuches reconocieron que el corte de rutas “no hubiese sido necesario, si es que las autoridades de turno se limitaran a cumplir con lo que dicen nuestras leyes y avanzar con el relevamiento, aunque eligen ignorarlas y nos fuerzan a actuar”.
El gobierno de Neuquén acordó con los pueblos originarios la conformación de una comisión especial para iniciar el trabajo técnico, jurídico y catastral de las comunidades que están asentadas en la reserva Vaca Muerta.
Además acordaron la conformación de un registro de comunidades y organizaciones a través de la cual buscarán “transparentar” y optimizar el otorgamiento de personerías jurídicas a los grupos, muchos de los cuales no logran “legalizar” su condición.
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Jorge Nawel, referente de la Confederación Mapuche, aseguró que “fue una jornada intensa con mucha fuerza de las comunidades reclamándole al Gobierno, pidiéndole un llamado de atención porque no logramos resolver el conflicto a pesar de que hay una Ley de Relevamiento Territorial que no se cumple”.
“Apostamos una vez más al valor de la palabra, a darle sentido al dialogo, a salir de la manipulación y el engaño de una política cortoplacista que poco tiene de política de estado, de una convivencia en base a reglas claras” aseguraron desde la Confederación.
Los alcances del acuerdo fueron difundidos por la Confederación Mapuche, aunque referentes del gobierno no quisieron brindar detalles sobre lo pactado y se limitaron a confirmar que el próximo martes se realizará el primer encuentro entre las partes.
Cautela
Tanto el gobierno como los representantes indígenas fueron cautelosos al referirse al encuentro de la semana próxima.
“Tenemos que acordar criterios, fechas y espacios y ello puede derivar en discusiones que, esperemos, no entorpezcan la negociación”, admitieron fuentes cercanas al gobierno.
Los mapuches, por su parte, dijeron que “en 2021 hubo un compromiso para relevar más de 40 comunidades en toda la provincia aunque sólo se revisaron tres de ellas. No queremos que los anuncios sean sólo para descomprimir nuestras protestas, sino que verdaderamente podamos avanzar con el relevamiento”.
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