Las falsas diferencias entre las organizaciones armadas y la última causa de la Cámara Federal Penal

Entre los años sesenta y setenta los comunistas “disidentes” que decían haberse apartado del Partido Comunista, y los heterogéneos militantes de las organizaciones revolucionarias menores, tras superfluas diferencias (sutilezas) apuntaban a un mismo objetivo: mirarse en el espejo de La Habana, la Unión Soviética, China Popular, o Vietnam, e implantar en la Argentina una feroz dictadura, sin el menor rasgo de humanidad y, si era posible, “eterna” como la castrista. La consigna de la “ensalada marxista” era: “Lo que nos separa, creemos, NO es el fondo, y lo que nos une sí es fundamental: 1) la metodología; 2) el enemigo y 3) el objetivo final”.

A comienzos de la década existía en un sector de la sociedad un pensamiento no declarado de velado apoyo al accionar de las organizaciones armadas, en tanto jaquearan la gestión militar del gobierno de facto. Como me diría años más tarde Luis “Mariano” Labraña, “después del regreso de Perón, en noviembre de 1972, comienzan a florecer como “perejiles” que es una palabra que acuñamos en esa época los militantes, y esos “perejiles” estaban ávidos de portar armas porque ya venían los tiempos fáciles, nadie sabía que el tiempo más difícil estaba por llegar”.

Ya hablaremos de los “perejiles”. Aunque parezca increíble, en aquella época la mayoría de la dirigencia argentina no entendía, o no quería entender, que estas manifestaciones “revolucionarias” formaban parte del contexto del enfrentamiento entre Washington y Moscú. O entre Washington y La Habana. La miopía no sólo alcanzó a la clase dirigente argentina. A contrario sensu, también la sufrieron las organizaciones armadas, por lo menos así lo reconoce Arnol Kremer (a) “Luis Mattini”, el último jefe del PRT-ERP, cuando afirmó: “Confundimos la simpatía (de la población) con la disposición de la gente a otra cosa.” Todavía no había llegado Juan Domingo Perón –que en su momento se sirvió de algunas de ellas-- para contarle a la sociedad de qué “cosa” hablaban las organizaciones subversivas cuando clamaban por “la patria socialista”.

Sorpresivamente, durante el régimen militar, los órganos periodísticos de la guerrilla se exponían en los kioscos de revistas. Tan celosos para fisgonear a sus adversarios nada hicieron o dijeron de la revista Cristianismo y revolución, fundada luego de asumir Onganía y que perduró hasta septiembre de 1971. El fundador del medio fue Juan García Elorrio Aller Atucha, un ex seminarista que se dedicó a amplificar las voces de los integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer mundo, con su “teología de la liberación”, y las organizaciones armadas.

El director provenía de una familia de elevado nivel económico cuya primera esposa fue Mercedes “Mimí” Zavalía Paunero y, más tarde, Casiana Ahumada Benedit. Mujeres de carácter, ambas. “Mimí” seguía sin vacilar la misma tendencia de su esposo y por su departamento de la calle Posadas, que le prestaba Félix Saturnino de Alzaga Unzué, pasaban para discutir la actualidad de personajes de distintas capillas. Entre tantos, la socióloga e incomparable periodista Sylvina Walger; su hermano Leonidas, hombre de confianza de Rodolfo Galimberti, el periodista Horacio Verbitsky, Fernando Abal Medina y Emilio Berra Aleman.

Juan García Elorrio murió atropellado en 1970 por un Fiat 600 en la avenida Leandro Alem y no llegó a vivir los frutos ni las consecuencias de su “obra”: desde ese 1970 hasta 1973 se vivió la debacle de un gobierno de facto que había tomado el poder en 1966. Cuando daba sus últimos estertores se dio un caso que demostraría el grado de infiltración marxista que vivía y sufría la sociedad argentina: Causa 977, juez de Cámara Esteban R. Vergara, Secretaría Samuel M. Somoza. El 14 de febrero de 1973, la policía bonaerense realizó un allanamiento “en el domicilio del ciudadano Francisco Urondo”, en Tortuguitas, Gral. Sarmiento. En el acta policial que firman todos los intervinientes “previa lectura” se informa que a las 08,15 de ese día una comisión policial se constituyó en la quinta denominada “Dixie”, a efectos de constatar la infracción a la ley que reprime las actividades subversivas, por lo que requirió la presencia de los testigos a efectos de “garantizar esta diligencia, acceden a expresarse con veracidad”. Seguidamente, se requiere la presencia del morador de la citada propiedad, el que resulta ser Francisco Reynaldo Urondo, domiciliado en el lugar quien permite el acceso a la finca y en su interior se procede a la identificación de otras tres personas que resultan ser Mario Lorenzo Koncurat, 24 años, casado, instruido y domiciliado en el lugar; Lidia Ángela Massaferro de Laferrere, instruida, mayor de edad y Claudia Josefina Urondo, argentina, 19 años, casada, instruida y domiciliada en el lugar.”

Seguidamente se relata que en la habitación del matrimonio Koncurat-Urondo “se efectúa el secuestro preventivo” de innumerables armas (listado completo de los 5 rifles, 22 revólveres y pistolas, 4 miras telescópicas, 12 escopetas, 5 pistolones, más otras cortas, todas con su detallada marca y números de fabricación, explosivos y detonantes, pólvora aluminizada, clavos miguelitos, etc). Además se secuestran otros elementos relacionados con la actividad terrorista como uniformes, partes de uniformes de las FFAA… Adentro de un Fiat 128, chapa C 124.778 “a nombre de Francisco Reynaldo Urondo, documentación de la organización FAR donde se menciona el atentado al general Cáceres Monié.”

Acto seguido se procede a hacer efectiva la detención de Urondo, Koncurat, Massaferro y Claudia Urondo y además se interroga a Koncurat “para que, sobre la base de los elementos secuestrados y de la lectura de la documentación y bibliografía existente, manifieste las actividades que realiza dentro de la organización FAR, a lo que dijo: “Que participa en la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias, habiendo intervenido en distintos hechos preparados por la misma, como el secuestro del industrial Miguel Garbela o Barbela en los primeros días de noviembre de 1972 y la recaudación del dinero exigido para su liberación, recibiendo de sus compañeros en la operación del cobro la valija que luego se comprobó contenía 60 millones de pesos (ley 18188). También participó en el asalto al supermercado Minimax, donde se apoderaron de 70 millones de pesos. Más tarde, entre tantas acciones terroristas, participó en el asalto al Regimiento de Formosa, en pleno gobierno constitucional. Formalizó su relación con Claudia Urondo el sacerdote Carlos Mugica “en nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Che Guevara”.

En esta acta de procedimiento policial, el oficial actuante omitió dejar aclarada la detención de Juan Julio Roqué (a) “Lino” o “Iván” (“en poder del mencionado Roqué se encontraba una pistola perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires”), Luis Roberto Labraña y Miguel Ángel Ponce. Las tres detenciones tuvieron lugar alrededor de dos horas después de ser allanada la finca. También se omitió por error en la trascripción del acta –aunque se hizo por separado – del hallazgo de un contrato de alquiler del inmueble de la calle 11 de Septiembre 2440, Capital Federal, suscripto por Haroldo Conti y que hizo posible practicar el allanamiento inmediato del lugar. En el allanamiento policial se encontró que “estaba acondicionado como aguantadero de elementos subversivos” con varios colchones en las habitaciones de la planta superior. Allí se encontraron con una pistola calibre 11, 25 del Ejército Argentino con la numeración borrada, con cargador, una carabina Battan, uniformes, chapas de automóvil, panfletos de la organización FAR y “otro de la misma organización referente al asesinato del general Juan Carlos Sánchez”.

La primera luz amarilla se prendió en la prensa escrita el viernes 16 de febrero de 1973. “Inquietud por el paradero de Paco Urondo” informó en recuadro de contratapa La Opinión de ese día, en el que se relata la “inquietud” por el paradero del escritor y periodista, su hija Claudia, su yerno y Lili Massaferro. Al día siguiente “varias importantes entidades y numerosas personalidades firmaron un comunicado donde se solicitaba que la situación legal de Francisco Urondo fuera regularizada.” Entre otros, además de la Sociedad Argentina de Escritores, lo hicieron: Arturo Jauretche, Leónidas Barletta, César Tiempo, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido, Rodolfo Walsh, David Viñas, Víctor Laplace, María Luisa Robledo, Mercedes Robirosa, José Babini, Gregorio Selser, María Vaner y Cipe Linconvsky. Está claro que varios lo hicieron desde la “solidaridad” y por ignorancia.

El 19 de febrero apareció la primera voz oficial relatando la gravedad de los hechos. Fue la del general de división Alcides López Aufranc, el encargado de contarle a propios y extraños lo que había sucedido y lo que se había descubierto. Informó de las detenciones de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Francisco Reynaldo Urondo (a) “Paco” o “Jordán”; Claudia Urondo (a) “Josefina”, Mario Lorenzo Koncurat (a) “Sebastián” o “Jote” y Lidia Angélica Mazzaferro de Lafferrere concubina de “Jordán” (sic). A continuación dijo que desde Rosario se había identificado a Roqué “como integrante del grupo que asesinó al general (Juan Carlos) Sánchez. También comenzaría a esclarecerse el asesinato del almirante Emilio Rodolfo Berisso según “fuentes policiales” (asesinado el 28 de noviembre de 1972) y el plan para atentar contra el general Jorge Cáceres Monié. “Lino” Roqué, pareja de Gabriela “Mecha” o “Ratita” Yofre Newton, fue el que le dio el tiro de gracia a Sánchez y en septiembre haría lo mismo con el sindicalista José Ignacio Rucci. El general Jorge Cáceres Monié (ex jefe del Cuerpo II) sería asesinado en diciembre de 1975, junto con su esposa, por un comando montonero en el denominado “Operativo Cacerola”.

En la causa ofreció “declaración informativa” el escritor Haroldo Conti, ya que en el allanamiento a la quinta “Dixie” se había encontrado un contrato de alquiler a su nombre del inmueble de la calle 11 de Septiembre 2440 que fue allanado. Conti dijo conocer de muchos años a Francisco Urondo a quien lo une una amistad personal. Filósofo y escritor, nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Conti ganó numerosos premios literarios en la Argentina y el extranjero. Desapareció el 5 de mayo de 1976.

Años más tarde, el dirigente guerrillero Enrique Gorriarán Merlo reconoció que Conti era “un gran revolucionario y estaba trabajando en el PRT en el sector Cultura y también en Inteligencia. Como dijo el propio jefe del PRT-ERP (a los periodistas) “no los desaparecían por periodistas, sino que los desaparecían por revolucionarios”. Las exposiciones de Lilí Massaferro y Claudia Urondo aparecen como decididamente cándidas, negando el conocimiento de todo como si estuvieran en otra latitud. Está claro que las dos mujeres pertenecían a la organización armada, pero los jueces no pudieron probarlo. Es así como a fines de la primera semana de marzo Lili Massaferro salió en libertad.

Sin embargo, muchos años más tarde se sabrá la verdad sobre la pertenencia a las FAR de Lidia Ángela “Lilí” Massaferro: Francisco “Paco” Urondo había entrado en las FAR en 1970 y participado en el copamiento de la localidad de Garín (30 de julio de 1970) y entre sus primeros contactos había estado su hija Claudia, que entonces estaba con su novio Carlos “Andresito” Goldemberg (ligado al secuestro de los hermanos Born (1974); el asesinato del comisario general Villar (1974) y el ataque al Regimiento de Formosa en 1975).

El 1º de marzo, Francisco Urondo designó abogado defensor a Vicente Zito Lema, y el 2 de marzo de 1973 en su escrito el juez resuelve la prisión preventiva de todos los indagados menos “Lili” Massaferro, bajo diferentes cargos. Estos cargos fueron puestos en conocimiento de los detenidos mediante sus letrados (entre el 7 y 9 de marzo) y el traslado de cédulas con fecha 28 de marzo de 1973. No se llegó a fijar sentencia, no hubo juicio oral, porque el 25 de mayo fueron liberados de la cárcel de Villa Devoto y dos días más tarde se dictó la ley de amnistía.

Años más tarde le pregunté a Labraña: ¿Qué se buscaba dilucidar durante los interrogatorios? Buscaban a “Mariano”. Porque “Mariano” Luis Labraña figuraba como jefe del plan operativo para el asesinato de Cáceres Monié. Porque si tiene a su cargo a Lino, Koncurat y Paco Urondo, tiene que ser muy pesado. Tenía que ser mucho más que ellos. Entonces sabían que estaba “Mariano” ahí. Entonces todos los interrogatorios eran lo mismo, me mostraban fotos y fotos…un día marcaba a (Carlos) Olmedo, otro día a (Diego) Frondizi, Ellos sabían que estaba mintiendo. En el último interrogatorio, que fue poco antes de las elecciones presidenciales, vino un hombre muy bien vestido, muy educado, uno se daba cuenta que no era un hombre de la policía bonaerense. Me interrogaban y el hombre escuchaba y ya cansado de que yo mintiera se me acerca, se agacha, me mira a los ojos y me dice: “Usted se va a salvar, todos ustedes se van a salvar, porque se van a subir a un barco en este momento, pero, acuérdese bien, que el barco al que ustedes se suben se va a hundir porque lo vamos a hundir nosotros.”

--El barco era el gobierno democrático que surgiría después del 11 de marzo…

--Y él me estaba advirtiendo que no iba a durar mucho porque todo el aparato (militar) estaba intacto, que no se iba a admitir el nuevo proceso que se abría…

--¿Me permitís que te corrija un poco?

--Sí.

--Él que no lo iba a permitir era Juan Domingo Perón…

--¿Nunca imaginaste que iba a haber una amnistía?

--No. Jamás, ni siquiera se me hubiera ocurrido.

Pero retomando, durante la estadía en la brigada de Martínez hubo un pequeño tiroteo entre la Brigada de Martínez y un grupo militar ¿SAR puede ser? (Servicio Antisubversivo Rosarino) que quería llevarse a todo el grupo a Rosario (allí las FAR con el PRT-ERP habían matado al general Juan Carlos Sánchez), pero la policía se resistió. Es lo que se habló después en la cárcel. El Juez lo impidió y se instaló a dormir en la brigada una o dos noches. Un detalle que nadie tuvo en cuenta.

En julio Santucho y Enrique “Ricardo” Gorriarán Merlo hacen una fugaz visita a Cuba con motivo de los festejos del asalto al cuartel Moncada (26 de julio). Retornan vía Chile y el 31 de agosto son aprendidos Santucho, Gorriarán, Toschi y Alejandro Ulla. Este golpe, sumado a otras caídas previas, determinó que a un año de haberse fundado el ERP la mayoría de la dirección histórica del PRT había quedado fuera de combate.

Como segundo en la línea de mando Luis Pujals asumió la conducción del PRT-ERP, aunque fue todo muy efímero: el 17 de septiembre cayó preso en Rosario y se convirtió en el primer “desaparecido” de la organización. Frente a la debacle Santucho emitió una orden terminante: había que concretar la fuga largamente planificada de Benito “comandante Mariano” Urteaga, el combatiente más identificado con su visión de la “guerra revolucionaria prolongada” del Penal de Villa Urquiza.

El 6 de septiembre de 1971, aproximadamente a las 15.40, un numeroso grupo de internos (14 de ellos subversivos y 4 comunes) se dio a la fuga de la unidad carcelaria luego de agredir con armas de fuego al personal del penal. Según los textos de los “Autos y Vistos” firmados por el juez de la Cámara Federal actuante César Black y el Secretario Martín Anzoátegui, más el telegrama inicial emitido por la Delegación de la Policía Federal a la CAFEPE, murieron cinco agentes y tres resultaron gravemente heridos.

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