Un grupo de madres que usa cannabis medicinal llega a la Corte Suprema para defender el cultivo hogareño

El cannabis se mete por segunda vez en 13 años en los escritorios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acorde a los tiempos que corren, la planta milenaria será tema del máximo Tribunal no esta vez por una causa relacionada a la tenencia de marihuana (sus flores) para consumo personal -como lo fue en el fallo Arriola, de 2009- sino por las propiedades medicinales (de sus flores) y su capacidad de crecer en macetas o jardines hogareños.

Estas dos características esenciales para su fama universal (la conexión con el ser humano y su adaptabilidad al ambiente) son las que motivaron a un grupo de madres de la ciudad de Santa Fe a iniciar en 2018 una demanda al Estado para que se les permita cultivar cannabis en sus casas y, de esa forma, poder producir los aceites que mejoran la calidad de vida de sus hijos en el tratamiento por diferentes patologías.

En la primavera de hace cuatro años la agrupación santafesina Mamás Cannabis Medicinal (Macame) presentó ante el Juzgado Federal 1 de Santa Fe un recurso de amparo en el que piden la provisión de cannabis con fines terapéuticos, sin necesidad de someter a sus hijos e hijas al programa de investigación establecido en la Ley 27.350, la autorización para ejercer el autocultivo y la consecuente declaración de inconstitucionalidad de las normas que limitan el ejercicio de tales derechos.

Las diferentes instancias de la Justicia rechazaron el reclamo pero a la vez permitieron las consecuentes apelaciones hasta llegar a la Corte, que meses atrás anunció que de entre decenas de causas eligió esta para definir la cuestión después de una audiencia pública, que se desarrollará finalmente este miércoles. Los jueces supremos escucharán durante unas tres horas a las partes y a los Amigos del Tribunal (terceros aportados los demantes y los demandados que pueden ofrecer una opinión basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico), dos de cada lado. Y luego, en algún momento no definido todavía, emitirá un fallo.

“Estamos pidiendo un doble objeto: que quienes no pueden no quieren o no saben cultivar reciban aceites gratis sin mayores trámites que cualquier otro remedio, ya que en 2018 tenías que meter a los chicos en un programa experimental. Y la declaración de inconstitucionalidad en la ley 23.737 (ley de drogas) en dos artículos referidos a las conductas de la elaboración y el transporte y el cultivo”, explicó Domingo Rondina, uno de los tres abogados de Macame.

“Estamos muy emocionadas porque se acerca la fecha de la audiencia. Nos merecemos mucho más que los que nos están dando. Queremos que los ministros de la Corte nos escuchen, conozcan nuestras historias. Y esperamos que se haga justicia, es un derecho legítimo para las madres que estamos luchando”, comentó a Infobae Laura Acosta, referente de Macame.

Actualmente el cultivo hogareño de cannabis para uso medicinal está permitido, aunque exclusivamente para todos los usuarios inscriptos y autorizados en el Reprocann, un registro del Ministerio de Salud en el que un médico firma el consentimiento y aporta la indicación para el paciente, que queda habilitado a tener sus plantas y transportar aceite por todo el país.

Macame exige que no haya control estatal y que el cultivo debe ser permitido sin necesidad del Reprocann. “Queremos que se considere una acción privada, que no haya registros. Tener que usar un médico, limitar el uso, poner los diagnósticos, hacer firmar un consentimiento informado, claramente si habilitamos el camino estatista del control de esa actividad estamos fritos”, amplió Rondina, quien advirtió la posibilidad (o el peligro) de que, ante un eventual cambio de gobierno, ese registro quede en manos de autoridades con una mirada antagónica a la actual y consideren que cultivar es un delito, lo que, a su juicio, podría provocar una persecución de “peces en una pecera”.

El equipo de abogados de Macame -que agrupa a unas 50 madres- no sólo pretende que la Corte diga que despenaliza para ellas. “Además, como hizo en Arriola, que exhorte al Congreso a legislar porque el cultivo y la elaboración de aceites siguen estando penados”, agregó Rondina.

El camino de la demanda hasta ahora tuvo el rechazo del Juzgado Federal 1, que consideró el autocultivo un delito tipificado en la ley de drogas y, según la interpretación de Macame, los obliga a que esperen productos industriales de laboratorio. En ese mismo sentido falló la Cámara Federal de Rosario, que dijo que la elaboración de medicamentos tiene que ser hecha por laboratorios. Ambos fallos contradicen la actual reglamentación que creó el Reprocann.

La ley de uso medicinal originalmente sancionada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri no permitía la elaboración casera ni la comercialización de aceites industriales. Y sigue sin permitir el autocultivo. Solo destinaba el uso del cannabis para investigación y desarrollo y exclusivamente en casos de niños con epilepsia refractaria. El objetivo era acumular evidencia científica sobre los beneficios de la planta en esas patologías.

Después del repudio de las organizaciones sobre esa ley, al asumir el gobierno, Alberto Fernández firmó una nueva reglamentación de la ley que crea el Reprocann y habilita el acceso de los pacientes a la sustancia a través del autocultivo bajo el registro del Ministerio de Salud. Rondina critica esa medida porque es solo un decreto, y no está en la ley. “Los que defendemos los derechos individuales decimos que los registros son la peor solución para ejercer un derecho, los derechos se ejercen porque son derechos”, agregó Rondina.

“Queremos plantar cannabis tranquilas”, reclamó la referente de la organización Laura Acosta, mamá de Naiara, de 15 años, quien hasta antes de empezar a consumir cannabis -a los 9 años- padecía hasta 400 convulsiones por día.

“Ella está bien gracias a esta planta maravillosa, con aceites caseros e industriales. La planta nos demostró que es la batalladora contra eso. Lo sabemos y pedimos que nos dejen de perseguir por cultivar una planta para nuestros nenes”, comentó Acosta, y amplió: “Si bien está el Reprocann que es un registro de personas que cultivan, nosotras no necesitamos eso. Lo que queremos es la inconstitucionalidad de la penalidad del cultivo casero. Primero porque la Constitución lo dice: no le hacemos daño a terceros y es un ámbito privado. Segundo: hizo bien a nuestros hijos, los médicos los ven, conocen las mejorías”.

SEGUIR LEYENDO: