
Tras la polémica que generó la aprobación de la Legislatura porteña para construir edificios en Costa Salguero y Punta Carrasco, un nuevo proyecto privado en tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires despertó las críticas de los especialistas en ambiente y urbanismo. Se trata del “Paseo Gigena”, un centro comercial de cinco plantas que se construirá sobre la estructura del antiguo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, en la avenida Dorrego, a metros del Rosedal. El terreno de 11.500 metros cuadrados será ocupado por locales, oficinas, 250 cocheras y un parque en altura.
La empresa constructora lo anuncia con un eslogan marketinero: “Un edificio para mirar la ciudad. Una ciudad para mirar el edificio”. Asimismo, considera que “es en sí mismo un entorno completo con alrededores que lo tienen todo” y que consiste en “el proyecto que faltaba, en el lugar indicado para hacerlo”. Sin embargo, los expertos advierten sobre el impacto urbanístico y ambiental, a la vez que remarcan el error conceptual de “seguir transfiriendo tierras públicas para negocios privados”.
En contrapartida, desde el Gobierno porteño dicen que se recuperará “para el uso público un predio utilizado por un privado desde hace años” y que “el 70% del lugar va a ser un parque elevado verde y de acceso para todos los vecinos”.

“Sistemáticamente, venimos desprendiéndonos de muchos predios valiosos. Este espacio formaba parte del Parque Tres de Febrero y no se está recuperando un estacionamiento para hacer un parque, sino que se va a construir un shopping en lo que fue un espacio verde. Se trata de un centro comercial con terraza verde, que no es lo mismo, porque no es tierra absorbente”, opina Bárbara Rossen, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Publico y Ambiente en la Defensoría del Pueblo.
“¿Por qué se cree que los lugares de recreación tienen que estar siempre ligados al consumo? Después de la pandemia tenemos que darnos cuenta de que Buenos Aires necesita incrementar las áreas verdes para poder tener una ciudad más sustentable y equitativa”, plantea también la arquitecta graduada en la UBA. Y agrega: “Además, continuamente se transfieren recursos públicos al sector privado. La Ciudad no encuentra suelo urbano para construir escuelas, pero siempre encuentra la manera de generar suelo para actividades privadas en tierras públicas”.
Por último, destaca que “no se está realizando la evaluación ambiental estratégica, que es obligatoria y figura en el código urbanístico” y que justamente radica en “analizar el impacto previo a un cambio de zonificación”. Rossen se refiere a la Ley 6.086, que el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta impulsó en la Legislatura porteña, donde finalmente se aprobó el 6 de diciembre de 2018. Esa normativa permitió la modificación de la zonificación y autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión el uso y la explotación del llamado “Ámbito Gigena” por un plazo de 15 años, con posibilidad de extenderlo por 5 más.

“Como pasó con Costa Salguero y otros proyectos recientes promovidos en tierras públicas por el Gobierno de la Ciudad, se desdibuja el rol planificador y articulador que debería tener el Estado, siempre priorizando el bien común”, sostiene por su parte María José Leveratto, especialista en sustentabilidad en arquitectura y urbanismo.
“Este proyecto continúa incrementando las densidades construidas sobre el corredor norte, ya saturado en su capacidad de soporte, tanto de infraestructura de servicios como vial y de tránsito. Vale recordar que sobre este eje el Ejecutivo porteño propone también otros desarrollos inmobiliarios, como los comercios a lo largo del viaducto del ferrocarril Mitre y las torres de viviendas, oficinas y restaurants en el Parque de la Innovación, sobre la avenida del Libertador, en Núñez”, afirma la magíster por la Escuela de Arquitectura de la Arizona State University.
A su vez, en cuanto a la situación ambiental general de la Ciudad, reflexiona: “Frente a este panorama, es importante además preguntarse si en Buenos Aires necesitamos seguir sumando oficinas premium, locales gastronómicos y comercios de alta gama, en este caso en el Parque Tres de Febrero. La asociación público-privada puede ofrecer muchas otras propuestas de desarrollo urbano con soluciones innovadoras, inclusivas y sustentables. Es importante recuperar estructuras o predios en desuso, pero las opciones no tienen que ser simplemente baldío o shopping”.
Asimismo, Leveratto resalta que “en cuanto a la respuesta arquitectónica, preocupa que se haya optado por cubrir enteramente el edificio con una piel vidriada de piso a techo en todas las fachadas”, ya que “resultan poco eficientes en términos térmicos, dando como resultado altos consumos de energía”. “Con el diseño adecuado podrían haberse obtenido buenas vistas hacia el paisaje exterior, luz natural, ventilación y también belleza a costos accesibles y sin derroche”, asegura.

En tanto, Andrés Borthagaray, presidente de la comisión de urbanismo del CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo), aporta: “En general las evaluaciones de impacto tienen limitaciones. Por ejemplo, analizan la movilidad durante la obra, pero no cómo quedará después, es decir, cómo incidirá en la congestión de tráfico a largo plazo”.
“Hay un tema importante que es el de no perder suelo absorbente o, mejor aún, de ganarlo. En Madrid se habla mucho de la ‘desimpermeabilización’ del suelo y acá había una buena oportunidad. Por otro lado está el efecto del calor urbano, que es algo asociado a cuando los suelos son permeables o no, y hoy en medio de la crisis climática está cada vez más presente en la agenda internacional”, añade.
Finalmente, Borthagaray hace hincapié en las decisiones estratégicas, en cuanto a pensar “qué le falta a Buenos Aires”. “Oferta gastronómica y comercial tiene, le faltan más espacios verdes. Eso debería estar presente en las alternativas. Globalmente la Ciudad tiene bastante cemento y le falta verde”, concluye.

La versión del Gobierno porteño es completamente opuesta. “Estamos recuperando para el uso público un predio utilizado por un privado desde hace años. El 70% del lugar va a ser un parque elevado verde y de acceso para todos los vecinos”, expresa Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. “El 69% de la pisada del edificio corresponderá a un parque elevado, mientras que el 31% restante será destinado a oficinas, locales gastronómicos y comerciales”, especifica.
Con respecto a que el espacio en cuestión formaba parte del Parque Tres de Febrero, explica que la situación actual “es así desde que se privatizó el Hipódromo en 1992″ y que justamente se busca “cambiarlo para que sea de todos los vecinos”.
Para culminar, el funcionario aclara que la sanción del código urbanístico es posterior a la de la Ley 6.086 de rezonificación, por lo que no aplica la “evaluación ambiental estratégica”.
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