Una fuerte polémica se desató en Entre Ríos luego de que el Ministerio de Salud provincial decidiera restituirle la matrícula al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, el médico que fue condenado en 2019 por negarse a realizar un aborto no punible a una joven que había sido violada. De esta manera, el profesional -cuya licencia estaba suspendida desde noviembre pasado- podrá volver a atender a sus pacientes.
“Recuerden que en noviembre pasado mediante una resolución arbitraria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, me suspendieron la matrícula impidiéndome trabajar en esa provincia. Pues bien, recibí la notificación de que esa resolución quedaba sin efecto. Si bien lamento el tiempo que se tomó el Ministerio en rectificarse y lamento que no haya ninguna explicación satisfactoria del porqué de esta suspensión, esto marca la importancia de estar dentro del derecho. (...) El camino es este, respetando y haciendo respetar el derechos de todos”, dijo el ginecólogo en un video publicado en la redes sociales tras ser notificado de la decisión del gobierno provincial.
Rodríguez Lastra fue condenado en Río Negro, en octubre de 2019, a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal en marzo del año pasado.
Al médico condenaron por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años que transitaba su quinto mes de embarazo, producto de un abuso sexual que había sufrido por parte de un familiar en 2017 en la localidad rionegrina de Cipolletti. La adolescente luego dio a luz a un niño que posteriormente fue dado en adopción.
Rodríguez Lastra había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado. Pero la condena de la Justicia no fue el único castigo que recibió.
El Ministerio de Salud entrerriano determinó, en noviembre último, que el ginecólogo debía “abstenerse de ejercer la medicina y cerrar su consultorio”, medida que tomó luego de que se hiciera pública una carta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias y distintas asambleas. A través de la resolución 4.649/20, la cartera que lidera la ministra Sonia Velásquez, consideró que mantenerle su matrícula provincial de médico sería una “concreta violación a las normas que rigen la actividad, a la ética y al interés público y social”.
Sin embargo, a través de la resolución 416/21 del 12 de febrero pasado, el Ministerio revocó la suspensión y lo habilitó a ejercer la medicina nuevamente. Desde la cartera sanitaria entrerriana señalaron a la agencia Télam que si bien Rodríguez Lastra “ostenta una sentencia penal impuesta en razón de su actividad de médico en Río Negro, no se encuentra firme y consentida” ya que su defensa presentó un recurso en queja.
Las reacciones a la decisión del gobierno de Gustavo Bordet no se hicieron esperar y generaron rechazo. La Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y organizaciones sociales y políticas de Entre Ríos repudiaron la resolución que habilita nuevamente a ejercer la profesión al médico pro-vida.
En ese sentido, instaron al gobernador a retroceder en la decisión ya que “no cumplir con un derecho es un delito”. El restablecimiento de la matrícula “atenta contra los derechos de todas las mujeres y personas gestantes de Entre Ríos”, lo que puede afectar “el ejercicio de un derecho consagrado por la ley, siendo el propio Estado provincial quien pone en riesgo”, consideró la Campaña.
El Estado es “el garante de los derechos de las personas y actos como este demuestra una vez más que solo forma parte de un discurso florido alejado de las prácticas concretas”, agregaron.
Finalmente, apuntaron a que “las mujeres y personas gestantes más pobres son quienes quedan a merced de un inescrupuloso” como Rodríguez Lastra, y pidieron “fortalecer el sistema de salud con perspectiva de género y respetar y acompañar las decisiones” de las personas.
Desde las agrupaciones Juntas y a la izquierda, MST y Frente de Izquierda -de acuerdo con la agencia Télam- calificaron como “una burla del Gobierno entrerriano” que pueda ejercer la medicina.
Se trata de “una persona que violentó derechos, y no solo se negó a continuar el aborto por misoprostol sino que también medicó a la paciente para detener la interrupción ya iniciada, generando graves consecuencias en su salud física y mental”, apuntaron.
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