El gobierno de Formosa sigue en el centro de la polémica a raíz de las arbitrarias medidas sanitarias dispuestas con la excusa de la pandemia. A las denuncias de encerrar a casos positivos de COVID-19 junto con casos sospechoso de manera obligatoria en centros de aislamiento -donde denunciaron hacinamiento y “condiciones inhumanas”- y a las restricciones de ingreso a la provincia -donde tuvo que intervenir la Corte Suprema para permitir el ingreso de más de 7.500 formoseños varados-.
Ahora se suma un episodio que tiene como protagonista a la prensa libre. Este fin de semana, el diario La Nación informó que el gobernador Gildo Insfrán le negó el acceso a la periodista Inés Beato Vassolo, quien había sido enviada por el medio para reportar cómo se vive en la provincia la crisis del coronavirus.
La explicación oficial de la prohibición vino por parte del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, quien pidió a los periodistas que quieran informarse sobre lo que ocurre en el territorio que “envíen las preguntas por mail”.
Frente a este atropello a la libertad de prensa, fueron varias las asociaciones que mostraron su solidaridad con la periodista y ratificaron el rechazo al hostigamiento, las agresiones y las amenazas recibidas por los trabajadores del sector.
Desde la Fundación LED exigieron la libertad de desplazamiento para los trabajadores de prensa y de medios audiovisuales en todo el territorio nacional. “La prohibición de ingreso de la periodista Inés Beato Vassolo, quien denuncia en un artículo las restricciones de ingreso que le fueron impuestas en los puestos fronterizos de Mansilla y El Colorado de la citada provincia, genera mayor preocupación y repudio no solo por el impedimento para llevar adelante su tarea informativa sino por la limitación que se impone a todos los ciudadanos de conocer la información sin cortapisas y por cualquier medio que elija”, sostuvieron sus miembros en un comunicado.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que “las restricciones que impone Formosa a La Nación son abusivas” ya que “la pandemia no es una excusa para impedir el ejercicio de la libertad de prensa”.
Las declaraciones de su presidente, José Miguel Vivanco, fueron en sintonía con los expresado por Amnistía Internacional, que en los últimos días pidió condenar las violaciones a los derechos humanos en Formosa.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) también manifestó su preocupación por lo sucedido con la periodista y por la decisión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, que en el día de ayer cambió la modalidad de las conferencias de prensa que ese organismo hace a diario sobre la situación sanitaria en la provincia.
“A partir de ahora, se exige que los periodistas presenten una limitada cantidad de preguntas por escrito, para que luego sean leídas por un vocero gubernamental”, advirtió el organismo, cuando las conferencias de prensa venían siendo abiertas.
“Para ADEPA esto implica un acto de control o auditoría estatal sobre la tarea periodística, y por ende, la libertad informativa”, sostuvo. Y denunció que el objetivo de esa medida es “evitar las preguntas incómodas sobre la evolución de la pandemia en la provincia”.
Por último, la Fundación LED confirmó que pedirán la intervención de organismos internacionales como la Relatoría Permanente para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de libertad de Expresión de las Naciones Unidas, “a fin de alertar sobre las restricciones que el ejercicio de estos derechos sufre dentro de nuestro territorio”.
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