La carta tiene cinco páginas y está dirigida a Victoria Inés Roldán Méndez (Bloque Vamos Juntos), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Aunque también se la hicieron llegar al resto de los 60 congresistas porteños. Tiene fecha del 28 de septiembre de 2020 y la firma un colectivo de más de 300 arquitectas “que trabaja y piensa en la construcción de la Ciudad desde la actividad privada, la universidad y las asociaciones profesionales y comunitarias”.
A través de la misma, manifiestan su preocupación por la cesión de tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires. Entre los cuestionamientos, exponen la urgente necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente, así como el alcance y las consecuencias ambientales y urbanas que podría ocasionar la ocupación con emprendimientos inmobiliarios de estos terrenos.
“En los últimos años, el Estado se ha desprendido de muchos predios estratégicos para desarrollos urbanos. En esta oportunidad, el proyecto en tratamiento abarca 32 hectáreas sobre la ribera del Río de la Plata”, explican las firmantes.
“La gravedad de los acontecimientos nos convoca a visibilizar que consideramos inadecuado continuar desprendiéndose de un recurso tan escaso y no renovable como la tierra pública. Por el contrario, tenemos la certeza de la importancia que tienen, para la salud y la sustentabilidad, los espacios verdes de acceso irrestricto al uso público”, describen.
¿Cuándo y cómo surge la idea de enviar la carta? La profesionales se juntaron de manera espontánea. Además, explican, crearon una petición en la plataforma change.org y ya cuenta con más de 330 adhesiones.
“Somos un colectivo de mujeres que estamos conectadas con la Ciudad y las decisiones que se van tomando en referencia a la misma. Muchas de las firmantes se dedican a cuestiones ambientales, de ecología y de planificación urbana. Creemos que, para pensar el desarrollo territorial de manera integral, el proyecto debería contemplar todo el desarrollo costero y no pensarlo en fragmentos”, dicen.
“Nos alarma que no se contemple la necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público, para las futuras generaciones”, agregan y suman más datos para defender el reclamo.
El primero se basa en el artículo número 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. El segundo, considera lo que establece el Plan Urbano Ambiental (ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas) en su artículo 9, inciso C, ítem 4, donde aclara que se debe “destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas”.
“Nuestro objetivo es que este proyecto de ley se archivado y dejarlo sin efecto. La tierra es un bien escaso no renovable. Si se vende ya nunca más van a ser de domino público”, concluyen.
LA CARTA COMPLETA
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