
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció que en 2018 hubo ocho femicidios y en 2019 seis en el municipio correntino de San Roque, una ciudad ubicada 130 kilómetros al sur de la capital provincial y a la vera de la Ruta Nacional 12. Fuentes del distrito informaron que este año, las denuncias por violencia de género se duplicaron. En el marco provincial, según el último relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación -emitida en noviembre del año pasado-, Corrientes está entre las cuatro provincias con más altos índice de femicidios. Los diez asesinatos en 2018 elevaron la tasa a 1,8 víctimas entre la población de 558 mil mujeres.
La noticia se respalda en estas estadísticas: el municipio de San Roque otorgará un subsidio de cinco mil pesos por mes, en un plazo máximo de cuatro meses, a las mujeres que sufran violencia de género de parte de sus parejas o ex parejas. La medida obedece a una visión de independencia financiera de aquellas mujeres que, en la separación, quedaron a la deriva de un sostén económico.
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El subsidio se instrumenta en la norma que dictó el intendente del municipio Raúl Hadad, del partido Frente de Todos. Ordenó la implementación del programa denominado Contención Transitoria Asistencial para Mujeres en Emergencia (Con.T.A.M.E), que estará bajo la órbita de la secretaría de Desarrollo Social de la Comuna. La resolución 502/2020 establece una serie de requisitos: “Poseer domicilio y residencia en la localidad de San Roque por un plazo no menor a los tres años. Haber realizado formal denuncia ante la Policía, Fiscalía o Juzgado competente por violencia por razón de género, sin perjuicio de su estado de avance. No percibir ningún beneficio social del Estado nacional, provincial o municipal. No ser trabajadora registrada o monotributista”.
“Pusimos en marcha este programa porque muchas de esas mujeres violentadas por hombres son madres que quedan abandonadas y sin sustento económico, o que son perseguidas por los victimarios en forma permanente, a pesar de las medidas judiciales y policiales que se toman”, explicó el jefe comunal. “Si no existiera la violencia contra las mujeres, no tendríamos esta necesidad. Pero los ataques existen, son reales, y tenemos que crear nuevos derechos para que las víctimas puedan sobrellevar de una mejor manera estos padecimientos”, agregó.
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Lo definió como un problema a “atacar entre todos” y nombró a la Justicia, la Policía, los Municipios, la Nación y las Provincias como los responsables para tomar decisiones que construyen soluciones del problema. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de San Roque, Andrés Castilla, explicó el trasfondo de la norma en diálogo con la radio local Seminare: “Desde que surgió la pandemia, hubo un salto exponencial en los casos de víctimas de violencia de género. En lo que va de 2020, se realizó la misma cantidad de denuncias de víctimas de violencia por motivos de género que en todo 2019. Eso demuestra un agravante profundo en el tema, lo que nos obligó a hacer un plan de acción inmediato. Por eso el plan Contame. Ya teníamos como planificación anual la instalación de la temática en el debate social porque lo que no se debate, no se transforma. Logramos hacer a nivel local un buen nivel de conciencia social: ahora hay vecinos y parientes de las víctimas que denuncian los casos. Sabemos que el sometimiento económico es terrible: ‘¿Dónde te vas a ir, dónde te vas a caer muerta si no tenés un mango, a dónde te vas a llevar a los nenes?’”.
Para el cumplimiento del programa, la mujer deberá asistir a las distintas instancias de contención brindadas por el gabinete interdisciplinario de la secretaría de Desarrollo Social o las de otros estamentos del Estado argentino. A su vez, deberá mantener distanciamiento con el denunciado y respetar, si hubiera, las medidas de restricción dispuestas por los jueces. En contrapartida, el municipio, además de proveer dinero, hará un seguimiento del caso y mantendrá absoluta reserva de la identidad de las beneficiadas.
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