
La justicia penal comenzó a tomar decisiones en el contexto del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus. Una mujer fue liberada en una causa penal pero con un estricta medida a cumplir: debe acatar la cuarentena y si no lo hace será detenida.
La medida fue tomada por uno de los juzgados criminal y correccional que están de turno en la ciudad de Buenos Aires, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el miércoles pasado en un interno de la línea 28 de colectivos que circulaba por la avenida General Paz y el Puente La Noria. Un hombre y una mujer subieron al colectivo y le ofrecieron a uno de los pasajeros una trincheta para venderle. Pero el pasajero se negó y entonces lo amenazaron con el arma y le pidieron que le den sus pertenencias.
El pasajero era oficial de la policía. Se paró del asiento, le pidió al chofer que cierre las puertas y que vaya a una comisaría. Los dos delicuentes quedaron detenidos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 30.
Los dos acusados fueron indagados y el hombre quedó preso porque tenía antecedentes penales. Pero la mujer no y como el delito que le imputaron -robo con arma- tiene una condena mínima de dos años de prisión podía ser excarcelada. Y esa fue la decisión que se dispuso.
Pero al hacerlo se aplicó una decisión en el contexto de la cuarentena obligatoria. “Imponerle como pauta de libertad cumplir el aislamiento social y obligatorio y asistir al tribunal el primer día hábil subsiguiente, bajo apercibimiento de detención”, sostiene la resolución a la que accedió Infobae. La medida implica que si la mujer sale de su domicilio que dio al tribunal de donde cumplirá el aislamiento, quedará detenida.

“Hacerle saber que el incumplimiento del aislamiento fuera de las excepciones previstas en el art. 6 del decreto de necesidad y urgencia NRO 297/2020, implicará su inmediata detención”, completa la resolución. Ese es el decreto de la cuarentena en el que se fijan los casos que están exceptuados de cumplirla porque brindan servicios esenciales.
Una fuente judicial adelantó que la medida se va a replicar en otros casos penales que tengan libertades de personas y mientras dure el aislamiento obligatorio, que es hasta el 31 de marzo. También que en esos casos las personas que fueron detenidas durante la cuarentena obligatoria serán denunciadas en la justicia federal por el delito del artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Por las medidas de aislamiento que dictó el gobierno nacional la justicia trabaja solo en los casos urgentes, como son los de personas detenidas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y la Procuración General de la Nación dictaron resoluciones en la misma línea que el gobierno nacional.
Así, dispusieron que trabajan solo los juzgados que estén de turno o que tengan decisiones urgentes para tomar y que no pueden esperar. Lo hacen con el personal necesario y sin atención al público.
El gobierno de Alberto Fernández estableció que entre los exceptuados del aislamiento obligatorio está el “personal de los servicios d
e justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes”.

En la ciudad de Buenos Aires las denuncias por la violación de la cuarentena están a cargo del juez federal Luis Rodríguez, quien se encuentra de turno. En un solo día recibió 200 denuncias y frente a ese escenario le envió cartas a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fréderic, y al de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, para que refuercen los controles y tomen medidas más estrictas para cumplir el aislamiento.
“Le imploro incremente las estrategias que tengan a su alcance y haya adoptado para tratar de controlar la circulación y el tráfico este día que culmina pues el resultado constatado arroja un panorama que cuanto menos desde la humilde visión que le transmito nos coloca en una situación en la que difícilmente podemos evitar las consecuencias que aquel decreto se encargó de señalar”, escribió el juez en las dos cartas que envió.
El magistrado explicó ante los cientos de denuncias por el incumplimiento de la cuarentena se suma que cuando la policía quiere disuadir la situación las personas se resisten, lo que se está ante un nuevo delito que es el de atentado y resistencia contra la autoridad. Hubo un caso en el barrio de La Boca en el que dos chicas fueron a tomar mate a una plaza y cuando la policía les pidió que vuelvan a sus casas se negaron.
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