La sanción de la Ley Impositiva que impulsó el gobierno bonaerense, entre sus aspectos más variados, tendrá injerencia en los contratos de alquiler que se celebren en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los inquilinos no pagará más el sellado, uno de los costos que debían afrontar para acceder a un alquiler personal o comercial.
Desde ahora solo abonarán el impuesto las viviendas cuyo valor fiscal -que figura en el impuesto inmobiliario- esté por arriba de $1.731.600. Únicamente en esos casos se pagará el 0,5% del valor total del contrato. Desde el Gobierno bonaerense aclararon que en la práctica casi todo los contratos de alquiler quedarán exentos.
Por ejemplo, en un contrato de dos años por $400.000 totales (unos $16.600 por mes) deberán pagarse $2.000 pesos de sellado, siempre y cuando la valuación fiscal supere el límite. Antes estaba establecido en $990.000.
“El sentido de la medida es dar un beneficio a los que alquilan y que tienen que pagar el impuesto. Además, hacía mucho que no se actualizaba el límite y así también se reducen los costos de transacción”, explicó a Infobae Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.
El impuesto de sellos es un tributo de alcance local que cada provincia legisla en su código fiscal. Grava los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados dentro de la jurisdicción provincial. Cabe destacar que este impuesto a los contratos de alquiler no se paga en la ciudad de Buenos Aires.
Según detalló Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, la iniciativa también apunta a evitar un práctica común de las inmobiliarias: cobrar más de lo estipulado o incluso en los casos en que no corresponde.
“Lo importante es destacar que ahora la mayoría de las viviendas que se alquilan no pagarán el sellado, y los que están por encima sólo pagarán el 0,5%”, aclaró Muñoz.
Y agregó: “Más allá de que la medida en sí va a aliviar el bolsillo de los bonaerenses, era necesaria para que las inmobiliarias no estafen más a nadie: hace que simplemente en la provincia casi no se paguen más sellados”.
Si bien la modificación del gravamen se dio en el marco de la discusión sobre la Ley Impositiva, cuyos puntos de conflicto giraron en torno a los porcentajes de los impuestos inmobiliarios urbano y rural- esta no estuvo estuvo motorizada por la oposición sino por el propio oficialismo.
Además, coincidía con un reclamo de la Federación de Inquilinos e Inquilinos Agrupados que había solicitado al Gobierno provincial algún tipo de exención fiscal para los pequeños locatarios. De hecho, desde estas agrupaciones también presentaron un proyecto para que las comisiones que cobran las inmobiliarias las pague el dueño de la vivienda y no el inquilino, como se hace actualmente en la ciudad de Buenos Aires.
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