Una inspectora de la AFIP detectó irregularidades en una constructora y le pidió remodelar su casa a cambio de dejar de controlar

Una inspectora de la AFIP terminó procesada por haber mandado remodelar su casa. En rigor, querer que su hogar se viera mejor no es un delito. Pero sí lo es que las reformas se las hiciera una empresa constructora a la que fiscalizó durante su trabajo y a la que le exigió que le hicieran un deck para la pileta a cambio de aprobarle los papeles ante el ente recaudador luego de haberle detectado facturas truchas. El piso para la pileta, la colocación de venecitas y la pintura de toda la casa en la localidad de Ramos Mejía costó unos 800 mil pesos, incluyendo materiales y mano de obra.

La historia, a la que accedió Infobae, quedó plasmada en una resolución judicial firmada esta semana por el juez federal Sebastián Casanello, que procesó a la inspectora M.C.R. por el delito de dádivas, que castiga al funcionario que “abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponda”.

El caso judicial comenzó con una denuncia de la AFIP. Es que, según indicaron a este medio fuentes del ente recaudador, la Subdirección de Integridad Institucional –que controla el patrimonio de todos los empleados- comenzó a observar el nivel de vida de esta inspectora de la División Fiscalización nro. 2 de la Dirección Regional Sur desde 2017. La mujer había ingresado al organismo en 2012.

Las sospechas no se convirtieron en indicios hasta que M.C.R. llevó adelante una inspección en la empresa constructora “D&D SRL”. La denuncia sostiene que allí “habría solicitado dinero a uno de los titulares de esa firma, a cambio de manipular esa inspección con la promesa de darla por finalizada”. Es que en la firma se habrían advertido facturas apócrifas pendientes al período noviembre de 2016.

“La exigencia se introdujo, primero, de modo sutil, sembrando miedo”, dijo el juez Casanello en su resolución. En la empresa había tres cuestiones para arreglar: Ganancias, IVA y Salidas no documentadas. “En el marco de las dos primeras la firma se había allanado al ajuste que el fisco habría propuesto, pero en la tercera cuestión no hubo arreglo y por ello fue que la inspectora habría pedido los arreglos en su casa para dar por finalizado el proceso de la orden de intervención por parte del fisco en la firma”.

El dueño de la constructora contó que un día lo llamó su contador y le dijo que “para cerrar la mencionada Inspección debían serle realizados trabajos en la casa de la Inspectora, ya que habían sido advertidas – en el marco de la inspección realizada en su firma- diversas irregularidades como facturas apócrifas no pudiendo brindar más datos sobre aquéllas anomalías”.

El encargado de la constructora echó a su contador, pero comenzó a hacer las reformas. El problema es que no se terminaban más. La mujer exigía cada vez más arreglos. El pintor que trabajó en la casa confirmó los dichos. También que nunca cobró un peso tras su paso por la casa de la señora.

En la denuncia se indicó que a solicitud de la inspectora, el empresario le habría instalado un deck en la pileta de natación en su casa particular ubicada en Ramos Mejía. La obra incluyó trabajos de pintura en toda la propiedad y la colocación de cerámicas y terminó en febrero de 2018. En la causa, además, se encontraron chats entre la inspectora y el empresario que siguieron hasta setiembre de 2018, es decir, seis meses después de que terminara la obra.

Cuando la inspectora fue llamada a declarar en indagatoria, buscó explicar las acusaciones. Admitió que llamó al empresario porque en diciembre de 2017 se le inundó la casa cuando estaba sola con sus hijos menores y le solucionaron el problema. Admitió que le colocaron “las venecitas en la pileta” para poderla usar y le refaccionaron el deck. Pero aclaró que ella compró los materiales con la tarjeta de crédito y que la mano de obra, 5.700 pesos, los pagó en efectivo. Aclaró que pagó por la pintura de los cuartos de los nenes 21.000 pesos de mano de obra y 20.197,22 pesos en materiales.

Para el juez Casanello, quedó acreditado que la funcionaria “utilizó en un primer momento de la inspección y como nexo al entonces contador de la firma para que éste comunique las exigencias” al dueño de la constructora y así obtener “beneficios personales -onerosas reparaciones en su domicilio- a cambio de la culminación de la inspección que pesaba sobre la empresa, en la cual habían sido advertidas irregularidades”.

“Utilizando el IPC Indice de precios del Indec, los ochocientos mil pesos de la dádiva (diciembre de 2017), actualizados al mes de septiembre de 2019, equivalen a un monto de 1.611.934 pesos. Esa suma hay que multiplicarla por cinco para permitir un correcto reaseguro”, agregó el juez. En el procesamiento, a la funcionaria se la embargó 8.059.670 y se le congelaron sus bienes, con una inhibición general. Además se le prohibió la salida del país y no dejar su domicilio por más de 24 horas sin previa autorización.