Presentaron un nuevo proyecto de ley para prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires

El bloque de HECHOS presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir los celulares en todas las cárceles que estén ubicadas en territorio bonaerense. La iniciativa entró en ambas cámaras y buscarán tratarla en las próximas semanas.

La intención es volver atrás con una normativa que se impuso durante la pandemia por Covid-19 en la que se permitió que los presos pudieran tener dispositivos para mantener la comunicación con sus familias, producto de la imposibilidad de recibir visitas por las medidas restrictivas.

El proyecto impulsado propone prohibir el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias.

En la actualidad, el uso de celulares entre las personas privadas de libertad dejó de ser una situación excepcional para transformarse en una práctica común que, de acuerdo a los fundamentos del proyecto, facilita la comisión de delitos desde el interior de los penales. Se advirtió que, con el acceso a la tecnología, se incrementaron las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas, perjudicando especialmente a sectores vulnerables de la sociedad bonaerense.

El texto presentado en la Legislatura establece que el derecho a la comunicación de los detenidos seguirá garantizado, pero únicamente por medios oficiales, supervisados y registrados por las autoridades penitenciarias. Estos canales incluyen líneas institucionales y sistemas de comunicación controlados, con el objetivo de mantener el contacto con familiares y abogados bajo condiciones de seguridad.

Entre las medidas propuestas, el proyecto prevé la derogación de toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Además, impulsa la implementación de sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense. El incumplimiento de la prohibición será considerado falta grave y podría derivar en responsabilidades penales, según lo planteado por los autores de la iniciativa.

Desde el bloque de HECHOS se remarcó que el Estado no puede permitir que quienes están privados de libertad continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas. Insistieron en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo reglas claras, con un control efectivo y en resguardo de la seguridad de los bonaerenses. Los impulsores sostienen que la medida es necesaria para cortar la cadena de delitos organizados desde el interior de las cárceles y proteger a la población de nuevas modalidades de fraude.

El debate sobre la restricción de celulares en las cárceles de Buenos Aires se reabrió a partir del aumento de casos de estafas y amenazas telefónicas originadas en las unidades penitenciarias.

Uno de los casos más resonantes de los últimos meses fue la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la Quinta de Olivos, después de ser víctima de una estafa que se engendró en los penales de Magdalena y Olmos.

Uno de los principales sospechosos de este caso es Tomás Francavilla. Un ladrón oriundo de La Matanza que fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada, con un antecedente por el mismo delito que data de 2022.

Gómez, según determinó la causa, fue el blanco de un clásico engaño del mundo del delito que comenzó en la pandemia del coronavirus y se repitió a lo largo de los últimos años. Un hampón -amparado por una red de cómplices- lo contactó en la app de citas Evermatch con un falso perfil de mujer. Luego, el contacto siguió. Esta vez, lo llamó un falso policía, quien lo acusaba de entablar una relación con una menor de edad.

La banda liderada por Francavilla, de acuerdo a información de la causa, usurpó la identidad de un policía porteño. El capo preso mismo le envió a Gómez un audio simulando ser la madre de la menor que no existía. La voz de la mujer, incluso, decía que se preparaba para radicar una denuncia en su contra. En el medio, comenzaba la extorsión.

Así, en el día previo a su muerte, la banda le quitó $1,4 millones al soldado, que transfirió a diversas billeteras virtuales en cuatro depósitos. Una de esas billeteras habría sido operada por la pareja de Francavilla, una joven de Lomas del Mirador llamada Iara Cosentino, que fue detenida como supuesta cobradora.