El Estado utilizará drones de privados para buscar aviones perdidos

El 24 de julio de 2017, pasadas las 14:30, la aeronave Mitsubishi MU-2 Matrícula LV-MCV que había partido pocos minutos antes del aeropuerto internacional de San Fernando perdió contacto con la torre de control. Así se inició lo que sería una tragedia aeronáutica que mantuvo en vilo a la sociedad a partir del misterio que se tejió en torno a las causas.

Pasados 26 días de la desaparición, los restos de la nave fueron avistados a unos 40 km del punto de partida, en un pantano de los muchos que existen en el Delta bonaerense y en perfecta coincidencia con la ruta que, según el plan de vuelo oportunamente presentado por el piloto, debería seguir la aeronave.

Mucha controversia generó por aquellos días el desenvolvimiento del comité de búsqueda que coordinó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que integraron efectivos y medios de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Fuerza Aérea, entre otros. Pero el descubrimiento de la aeronave luego permitió concluir que el personal afectado a la tarea había cumplido adecuadamente su misión. Al haber caído el avión de punta en medio de un pantano, solo una importante bajante de las aguas del Delta permitió finalmente ubicarlo.

No obstante, algunas controversias internas precipitaron el traspaso de la responsabilidad SAR (búsqueda y rescate) de las manos de la ANAC a la EANA, que es el organismo que a pesar de tener formato de Empresa del Estado, es en la práctica la autoridad de controla la operación de los aviones comerciales o de recreo.

El sistema SAR aéreo no contaba con partidas presupuestarias propias al momento del siniestro. A pesar de estar contemplado que un porcentaje de la tasa de aeropuertos que pagan los pasajeros de líneas aéreas antes de embarcar, esos fondos eran habitualmente derivados a atender otras necesidades operativas. Por eso, en aquellos días resultó necesario convocar a pilotos privados con sus naves, pedir ayuda a las fuerzas armadas y de seguridad y por primera vez en la historia convocar a pilotos de drones privados con sus máquinas para colaborar en la tarea.

El cambio de manos y las nuevas prácticas

Poco tiempo después del siniestro del Mitsubishi, Agustín Rodríguez Grellet, presidente de EANA, asumió el pleno control de la responsabilidad SAR, previo a obtener de las autoridades del Ministerio de Transporte el compromiso de dotar al sistema nacional de búsqueda y rescate aeronáutico de los fondos y medios adecuados.

En el mediodía del 31 de mayo, la EANA formalizó un importante convenio de cooperación con uno de los mayores institutos de formación de pilotos de drones del país. El documento establece que en caso de emergencia y solo a requerimiento del organismo oficial, la contraparte proveerá sin cargo para las arcas del Estado, equipos de ala fija o rotatoria con cámaras de fotografía y filmación, o dotados de equipos de detección térmica, como así también de pilotos habilitados para operarlos.

Como contraprestación EANA, dictará cursos gratuitos para este personal, a efectos de instruirlos en técnicas de búsqueda a efectos poder maximizar las posibilidades de hallazgo con estos modernos sistemas de filmación aérea. En el comunicado oficial emitido por EANA se sostiene que: "EANA asumirá los costos de la realización de simulacros de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y ejercicios de práctica en general destinados a perfeccionar y coordinar futuras acciones conjuntas".

Dijo Rodríguez Grellet: "El desarrollo del crecimiento aerocomercial que impulsa el Ministerio de Transporte de la Nación con el plan 'La Revolución de los Aviones' incluye la modernización de la infraestructura en 19 aeropuertos del país, la incorporación de nueva tecnología de navegación aérea, nuevo equipamiento para la operación logística y otras obras complementarias para mejorar la aviación civil. En total, se invertirán 22.000 millones de pesos durante los próximos dos años para todo el sector aéreo".

La metodología de búsqueda aérea con drones, consiste en el despliegue en el terreno de pilotos y equipos utilizando medios propios de EANA o de fuerzas de seguridad, utilización de los drones para "barrer" filmando en forma continuada una determinada zona asignada y la posterior recopilación del material fílmico en el centro de operaciones SAR, donde personal especializado en interpretación de imagen, lo analiza para determinar las posibilidades de la existencia de rastros de una aeronave, ya sea por la presencia de restos o por irregularidades en el follaje, arboleda o terreno.

Actualmente, existen el país unos 7.000 usuarios de drones, aunque solo un 10% cumple con los requisitos reglamentarios para operarlos en forma legal. Licencia de Piloto, revisación médica, matriculación del drone, presentación de planes de vuelo y seguro de responsabilidad civil, son insoslayables para ser considerado como "operador legal". La complejidad y el costo elevado de cada uno de los pasos descriptos, fomenta los vuelos "en negro". Esta situación le fue planteada en la ocasión al Presidente de EANA a efectos que pueda contribuir desde su cargo a encontrar la forma en que, sin disminuir los niveles de exigencia, se simplifiquen y abaraten los costos.