
El gobierno de Salta aprobó finalmente la interrupción del embarazo de 19 semanas de una niña de 10 años que había sido abusada sexualmente por su padrastro y cuya gestación había sido producto de una sesión de torturas. Lo hizo a través del Decreto 584/18.
El propio gobernador Juan Manuel Urtubey anunció en las redes sociales la decisión de adherirse al Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
"En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad", escribió Urtubey en una de sus cuentas en las redes.
el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015.
— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 24, 2018
Desde hace años, es legal la interrupción de un embarazo en casos de violación. Sin embargo, en la provincia de Salta un decreto firmado el 22 de marzo de 2012 establecía que el aborto debía realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación, sin importar cómo se produjo el embarazo.
"En 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia", escribió hoy Urtubey.
Y continuó: "Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015″.

Si bien la asesora de incapaces y menores de la provincia, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo salteño la voluntad de la niña y de su madre de continuar con el embarazo, el caso generó un revuelo y una polémica a nivel nacional.
De hecho, personalidades del espectáculo como Griselda Siciliani o la esposa de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, expresaron su indignación por la entonces imposibilidad de interrumpir ese embarazo por la vía legal.
"Diez años violada por su padrastro ¿y será mamá aunque sea insostenible?Necesito expresarlo, me cuesta pensar en una situación así como algo próspero… sin inclinaciones de ningún tipo, políticas,religiosas, etc.
Lo digo porque cuesta imaginar un futuro para ambos", escribió Valdés en una red social.
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