La Policía de Control Fiscal (PCF) decomisó cerca de 156,000 unidades de mercancía de contrabando entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre en Puntarenas, en operativos que detectaron productos sin respaldo del pago de impuestos ni de compra legal y sin el etiquetado exigido por el Ministerio de Salud.
La mayor parte de los bienes incautados correspondió a 100,000 cigarrillos hallados el viernes dentro de un vehículo de una empresa de mensajería. Los agentes revisaron los paquetes después de advertir que uno estaba embalado con una cinta adhesiva de uso frecuente en productos de perfumería árabe.
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Al pedir al conductor que abriera uno de los bultos, comprobaron que tanto ese paquete como los restantes contenían cigarrillos. El hallazgo fue uno de los decomisos de mayor volumen de la semana.
Medicamentos y golosinas entre los productos incautados
El primer operativo ocurrió el martes en distintas localidades de Buenos Aires de Puntarenas, donde los oficiales incautaron 6,300 unidades de licor transportadas en vehículos sin la documentación requerida para su importación o comercialización.
Un día después, la PCF y la Fuerza Pública decomisaron más de 46,300 unidades de mercancía en Golfito. El 62% del total eran medicamentos y el 32%, golosinas; también se retuvieron artículos de cuidado personal y congeladores.
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Los productos podrían representar un riesgo para la salud pública si llegaran al mercado sin los permisos sanitarios correspondientes, según Hacienda. La falta de etiquetado era otro de los incumplimientos detectados durante los controles.
El jueves, un nuevo despliegue en Golfito permitió incautar 3,400 artículos, entre cosméticos, repuestos, licor, prendas de vestir y electrodomésticos.
La advertencia sobre el impacto del comercio ilegal
El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, sostuvo que los resultados expresan el compromiso institucional de combatir el contrabando. “No vamos a permitir que el comercio ilegal ponga en riesgo la salud de la población, afecte los recursos públicos y perjudique a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones”, manifestó.
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Hacienda recordó que la ciudadanía puede denunciar posibles casos de contrabando y evasión mediante la opción “Denuncie Ya”, disponible en su sitio web, o al teléfono 2539-6800 de la Policía de Control Fiscal.
Las incautaciones de productos de contrabando en Costa Rica activan un procedimiento que involucra a la Policía de Control Fiscal (PCF), la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública. La mercancía queda bajo custodia estatal mientras las autoridades determinan su origen, su condición sanitaria y el eventual incumplimiento de obligaciones tributarias.
El decomiso puede producirse en puestos fronterizos, carreteras, comercios o bodegas. Tras el operativo, los agentes trasladan los productos a almacenes de la Dirección General de Aduanas o a recintos habilitados para su resguardo, conteo e inventario.
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La duración del proceso depende del volumen y del tipo de bienes incautados. En los cargamentos de mayor tamaño, las autoridades deben clasificar cada producto, verificar sus cantidades y documentar las condiciones en las que fue encontrado.
Ese control permite establecer si la mercadería ingresó al país sin declarar, si evadió el pago de impuestos o si carece de los permisos exigidos para su comercialización.
La Policía de Control Fiscal coordina las actuaciones junto con otras instituciones, según el tipo de mercancía. Los casos que involucran alimentos, lácteos, medicamentos u otros productos sensibles requieren controles adicionales.
Las entidades competentes revisan los permisos de salud y las regulaciones fito y zoosanitarias. También evalúan si los artículos cumplen con las condiciones necesarias para su consumo o distribución en el mercado costarricense.
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Cuando los productos no resultan aptos para el consumo humano, no tienen trazabilidad o carecen de controles sanitarios, las autoridades pueden ordenar su destrucción o desecho. La medida busca impedir que mercadería sin garantías de seguridad llegue a comercios o consumidores.
El destino final de los bienes dependerá de los resultados de la revisión legal, tributaria y sanitaria que realicen las instituciones a cargo del caso.
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