Clínicas y sanatorios privados ya empezaron a suspender cirugías programadas para liberar camas de terapia intensiva

Clínicas y sanatorios privados empezaron a suspender cirugías programadas, en algunos casos sin fecha, con el objetivo de liberar camas de terapia intensiva, necesarias para recibir a pacientes infectados por COVID-19, en medio de la escalada de contagios por la segunda ola de la pandemia que castiga al país.

Fuentes del sector privado, como también pacientes de manera individual, confirmaron a Infobae las postergaciones. Mientras tanto el Gobierno nacional analiza, con funcionarios de distintas jurisdicciones e integrantes del comité de asesores del presidente Alberto Fernández, medidas para enfrentar el aumento de casos y de internaciones de pacientes con coronavirus.

Responsables de empresas de salud reconocieron a este medio que se tomó la decisión de “suspender de manera inmediata” las cirugías que no revisten gravedad o que no implican riesgo de vida, con el objetivo de “desagotar un sistema que está muy estresado, con ocupación alta, y algunos, al borde del colapso”.

En las últimas horas, trascendió que las unidades de terapia intensiva (UTI) de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, principalmente las del sector privado, estaban con una ocupación superior al 90%, mientras que las del ámbito público de las dos jurisdicciones tenían porcentajes altos, pero inferiores a la saturación.

Lo cierto es que operadores del área de salud contaron a Infobae que la segunda ola llegó en un momento crítico para todo el sistema de salud. Es que en el trimestre diciembre, enero y febrero se atendió la demanda contenida de operaciones que habían sido postergadas durante el año pasado, cuando rigió la cuarentena estricta y se redujeron al mínimo las prestaciones. En operaciones de alta complejidad, incluso las que no revisten compromiso de vida, los pacientes son ingresados en las unidades de cuidados intensivos de manera preventiva, en estadías que duran entre tres y cinco días promedio.

“Ahora, un paciente COVID tiene una permanencia promedio de 20 días. Hay una situación de alto estrés porque de 15 pacientes que son ingresados por complicaciones respiratorias, entre 4 y 5 requieren terapia intensiva. Con un sistema que está al tope, un ingreso masivo de contagiados no van a poder ser atendidos”, revela una de las fuentes consultadas.

Mientras estas decisiones empezaron a tomarse en las últimas horas, la Casa Rosada fue el epicentro de reuniones de corte técnico-médico y también político para definir si, como solicitan desde el ámbito privado, se establece un nuevo esquema sistémico para atender el embate de la segunda ola. Entre los puntos que plantean, se destaca la posibilidad de coordinar la distribución de pacientes graves entre entidades públicas y privadas -y viceversa- y la suspensión general ordenada de manera centralizada de todas las intervenciones que requieren ingresos a UTI y que no revisten urgencia.

Antes de que se conociera la suspensión de las operaciones, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) difundió un comunicado en el que se alerta que “casi la totalidad de las camas de terapia intensiva están ocupadas y, en muchos casos, hay pacientes críticos en espera y ubicados en lugares que no corresponden”.

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