Es bueno comprender que los impuestos sobre los cigarillos no solo tienen un fin recaudatorio, sino que también conllevan un efecto protector en la lucha antitabáquica: desalientan el consumo y cumplen un rol disuasorio frente al hábito (Getty)
Es bueno comprender que los impuestos sobre los cigarillos no solo tienen un fin recaudatorio, sino que también conllevan un efecto protector en la lucha antitabáquica: desalientan el consumo y cumplen un rol disuasorio frente al hábito (Getty)

Es curioso pensar que una medida tributaria pueda tener un impacto directo en la salud pública, pero en este caso así fue. Se combinó de manera eficiente una "correctiva" medida impositiva contra una tabacalera para reforzar una cruzada antitabáquica, que hace tiempo decidió emprender la Argentina entre su menú de temas de salud pública.

Es la primera vez que en la Argentina la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó un amparo a la Corte Suprema de Justicia para que revierta una medida cautelar otorgada a la tabacalera Sarandí S.A. que la exime de pagar el impuesto mínimo al cigarrillo, el cual tiene entre sus objetivos disminuir el consumo de tabaco para proteger la salud de las personas.

La medida toma singularidad cuando la cartera de Salud de la Nación decidió consensuar y acompañar la medida con enfático compromiso. La tabacalera -Sarandí SA- pretendía poner un precio de venta de la caja de cigarrillos a 19 pesos, violando el piso que está establecido en 32 pesos. Este impuesto mínimo fue fijado por Ley Nacional con la finalidad de reducir el consumo de tabaco

Los números locales dan marco para comprender por qué esta iniciativa tiene envergadura propia: en la Argentina mueren 123 personas por día por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco.

En la Argentina, el tabaquismo tiene una tasa de mortalidad del 14%. Su consumo se inicia temprano entre los 13 y 14 años y suele extenderse al menos 20 años, con un “pico” de adicción que se da entre los 28 y los 35 (Getty)
En la Argentina, el tabaquismo tiene una tasa de mortalidad del 14%. Su consumo se inicia temprano entre los 13 y 14 años y suele extenderse al menos 20 años, con un “pico” de adicción que se da entre los 28 y los 35 (Getty)

En diálogo con Infobae el secretario de gobierno de Salud Adolfo Rubinstein explicó: "Esta medida es importante porque se trata de la primera vez que la Secretaría de Salud de la Nación acompaña a la AFIP en una medida de reclamo tributario contra una tabacalera. Se trata de un recurso extraordinario que se basa en argumentos sanitarios, eso es lo más relevante".

"Sirve para evidenciar que una de las medidas más disuasorias y efectivas contra la adicción y el consumo de tabaco son los impuestos; que no tienen solo un aspecto recaudatorio, sino que se comprueba que ayudan a aumentar los precios, ayudan a alejarse del tabaco y por ende tienen un impacto directo en la salud pública", remarcó el doctor Rubinstein

El impuesto actual a los cigarrillos -luego de la última reforma tributaria- le fija un piso que antes era de 28 pesos y ahora es de 32, llevando el paquete de primera marca de 20 unidades a entre 60 y 75 pesos. 

Más pobres y más jóvenes

"Hay que decir también que la adicición al tabaco impacta con más fuerza y dramatismo en las poblaciones más pobres y vulnerables", señaló a Infobae el ministro Rubinstein. Justamente una política tributaria y de precios altos es efectiva, y con un impuesto fijo lo que se logra es que la gente que consume tabaco no lo sustituya por segundas marcas más baratas.

El impuesto fijo y los impuestos en general sobre los cigarrillos se han convertido en la Argentina y en el mundo en los instrumentos más efectivos para las políticas antitabáquicas

La medida cautelar otorgada por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal impide la plena implementación de la Ley Nacional 27.430, sancionada en diciembre de 2017 por medio de la cual se estableció un impuesto mínimo de 28 pesos, actualizable por inflación, con el fin de disminuir la brecha de precios entre las marcas de cigarrillos, y así reducir los incentivos a cambiar el patrón de consumo hacia opciones más baratas.

(Getty)
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En Argentina, el tabaquismo representa la primera causa de muerte prematura y evitable que ocasiona anualmente 44.851 defunciones. A su vez, la presión que ejerce sobre el financiamiento del sistema de salud es alarmante: el costo directo de la atención médica de las enfermedades provocadas por el tabaco alcanzó los 33.260 millones de pesos en 2015, alrededor del nueve por ciento del gasto total en salud, sin contar los costos de discapacidad y pérdida de productividad laboral.

El tema del tabaquismo y las estrategias públicas antitabáquicas cobran aún más dimensión en nuestro país, si se tiene en cuenta que aún hoy el tabaco en la Argentina es la primera causa de muerte prematura y evitable

Dentro de las políticas de control de tabaco, el aumento de impuestos es la medida individual más efectiva para reducir su consumo, prevenir el inicio en los niños, y la que más ha demostrado reducir la inequidad en salud por tener un mayor impacto en la reducción del consumo en los sectores de menores ingresos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la implementación de sistemas tributarios simples y eficientes, que cuenten con un impuesto fijo mínimo, independientemente de que éste se combine con un impuesto ad valorem, que significa una proporción del precio final del producto. La implementación de impuestos fijos mínimos y/o mixtos es una práctica implementada por el 72 por ciento de 167 países del mundo, según la OMS.

Al respecto, Rubinstein sostuvo que "entender la implicancia que tiene la medida en la protección de la salud pública rescata la necesidad urgente de que el impuesto mínimo sea pagado por todas las empresas tabacaleras".

En base a la información publicada por el Ministerio de Agroindustria y AFIP durante el primer semestre de 2018, ante la dificultad para cobrar el impuesto mínimo a algunas tabacaleras se observó un aumento de la brecha de precios de cigarrillos de 45 a 50 pesos (entre la marca más barata y la más cara) y la existencia de paquetes de cigarrillos de 20 unidades disponibles a 19 pesos, lo cual va en dirección contraria al fin buscado por la ley de proteger la salud. Además las pymes incrementaron su participación en el mercado en un 13 por ciento, lo que indica sustitución de productos.

La medida cautelar otorgada a Sarandí S.A., no solo daña la salud sino que también representó una pérdida de recaudación del Estado. Por eso, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, afirmó que "se busca la equidad tributaria porque el dinero que recaudamos se invierte, entre otros aspectos, en políticas e infraestructura sanitarias para beneficio de la población. El dinero que dejamos de percibir perjudica a los ciudadanos".

La OMS advirtió que los fumadores tienen 20 veces más posibilidades de padecer enfermedades cardíacas. Dentro de las diez principales causas de muerte en el mundo, ocho están relacionadas con el tabaquismo. Además, dejar de fumar, a cualquier edad, disminuye muy rápidamente el riesgo de enfermedad cardiovascular (Getty Images)
La OMS advirtió que los fumadores tienen 20 veces más posibilidades de padecer enfermedades cardíacas. Dentro de las diez principales causas de muerte en el mundo, ocho están relacionadas con el tabaquismo. Además, dejar de fumar, a cualquier edad, disminuye muy rápidamente el riesgo de enfermedad cardiovascular (Getty Images)

Por su parte, la directora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Verónica Schoj, explicó que "las personas de más bajo nivel socioeconómico fuman más y padecen en mayor medida las consecuencias sanitarias del tabaco, por eso las políticas fiscales a los productos de tabaco son fundamentales para proteger la salud, especialmente de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad".

La plena implementación de la Ley Nacional de Impuestos Internos Nº 27.430, incluyendo el pago del impuesto mínimo por parte de todas las empresas tabacaleras, es fundamental para proteger la salud pública, reducir los costos sanitarios y sociales, y aumentar la recaudación fiscal que permita compensar las externalidades negativas que conlleva el consumo de estos productos.

En ese sentido, Schoj subrayó que "tal es el impacto sanitario, económico y social de esta epidemia, que el tabaquismo ha sido reconocido como un perpetuador de la pobreza y los impuestos al tabaco una herramienta de salud pública que contribuye a financiar el desarrollo sostenible".

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