Un agente de la Policía Nacional de República Dominicana recibió una condena de 20 años de prisión por trata de personas con fines sexuales, el caso más grave de complicidad estatal detectado en 2025.
El dato figura en el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado esta semana.
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El documento confirma que el país se mantiene en el Nivel 2 de la clasificación estadounidense, la misma categoría que ocupaba en el reporte anterior. Esa posición agrupa a naciones que no cumplen totalmente los estándares mínimos contra la trata, pero que muestran avances sostenidos.
El gobierno dominicano respondió con una lista de medidas propias
Tras la publicación, las autoridades dominicanas emitieron un comunicado con su propio recuento de acciones. Mencionaron 1,050 inspecciones laborales en sectores de riesgo como agricultura, construcción e ingenios azucareros, 11 empresas suspendidas por indicios de trabajo forzoso y más de 7,400 trabajadores migrantes formalizados mediante contratos.
República Dominicana se mantiene en el Nivel 2 porque, pese a reformas legales y más condenas, el país no identifica ni investiga suficientemente los casos de trabajo forzoso, en especial en zonas rurales, y carece de refugios especializados para hombres víctimas del delito.
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En julio de 2025, el país modificó la Ley 137-03 para elevar las penas de prisión por trata de personas: de un rango de 15 a 20 años pasó a 20 a 25 años, con las multas correspondientes.
Las condenas subieron, pero las investigaciones cayeron a menos de la mitad
Durante 2025, los tribunales dominicanos condenaron a 30 traficantes, frente a 11 el año anterior. De ellos, 29 fueron sentenciados por trata sexual y uno por trabajo forzoso, con penas de entre seis meses y 20 años de prisión.
El contraste llega por el lado de las pesquisas. El gobierno investigó 94 casos de trata en 2025, una caída marcada frente a los 229 registrados en 2024. Los procesamientos, en cambio, aumentaron de 50 a 73 presuntos traficantes.
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Washington subraya que esa reducción en las investigaciones coincidió con una concentración casi total de los recursos policiales en la trata sexual urbana. El trabajo forzoso en el campo quedó relegado, pese a que el propio informe reconoce riesgos conocidos en sectores como el café, la construcción y la caña de azúcar.
Reforma legal en julio: penas más altas y prescripción eliminada
En julio de 2025, el país modificó la Ley 137-03 para elevar las penas de prisión por trata de personas: de un rango de 15 a 20 años pasó a 20 a 25 años, con las multas correspondientes. Cuando las víctimas son niños o personas con discapacidad, la pena llega ahora de 25 a 30 años.
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La reforma también eliminó el plazo de prescripción para estos delitos e incorporó la figura de “comisión por omisión”, que sanciona a funcionarios que, teniendo la obligación de prevenir la trata, no actúan.
En enero de 2026, el gobierno creó una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), con más fiscales e investigadores. El año anterior ya había abierto fiscalías en Sosúa y Haina para enfrentar redes criminales dedicadas a este delito.
Las víctimas extranjeras identificadas crecieron con fuerza
El Estado dominicano identificó 139 víctimas de trata en 2025: 138 por explotación sexual y una por trabajo forzoso. De ese total, 108 eran extranjeras, 106 de ellas colombianas, lo que confirma a las mujeres de ese país como la nacionalidad predominante entre las víctimas foráneas.
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Las 30 víctimas dominicanas restantes fueron explotadas dentro del país, salvo una mujer rescatada en Nigeria. Todas las víctimas identificadas fueron remitidas a servicios estatales o de organizaciones no gubernamentales apoyadas por el gobierno, frente a solo 37 remisiones en 2024.
Los tribunales ordenaron a siete traficantes condenados pagar 21,770,000 pesos dominicanos (USD 349.039) en restitución a cuatro víctimas. Apelaciones pendientes frenan por ahora la ejecución de esos pagos.
Fallas en la protección de hombres y en zonas fronterizas
El informe estadounidense señala que el gobierno no financió ni ofreció servicios especializados para hombres víctimas de trata durante el período evaluado. Las mujeres adultas alojadas en refugios tampoco pueden salir sin supervisión, una restricción que las autoridades justifican por temor a represalias.
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Observadores citados en el documento indican que algunos funcionarios de migración solicitaron sobornos a extranjeros que buscaban evitar la deportación, pese a la existencia de un protocolo oficial para detectar indicadores de trata antes de expulsar a migrantes.
El mismo texto advierte que la dependencia excesiva del testimonio de las víctimas llevó a desestimar casos cuando estas no podían o no querían declarar.
El gobierno asignó 432 millones de pesos dominicanos (USD 7.2 millones) a su Plan de Acción Nacional 2025-2028. Pese a ese presupuesto, el Departamento de Estado concluyó que los esfuerzos de prevención se redujeron levemente, en particular por la falta de avances en el programa piloto que busca registrar con contratos laborales a los trabajadores migrantes, en su mayoría del sector de la caña de azúcar.
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Redes transfronterizas y grupos de mayor riesgo
El documento describe cómo los traficantes reclutan a sus víctimas con falsas ofertas de empleo. Una vez en el país, les retienen los pasaportes y les exigen deudas inventadas como condición para devolverles la documentación.
Niños haitianos sin acompañante y menores en situación de calle figuran entre los grupos de mayor riesgo. Los traficantes también obligan a ancianos y personas con discapacidad a mendigar, mientras utilizan redes sociales y la red oscura para reclutar adolescentes y comercializar material de abuso sexual infantil.
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