
En un operativo que abarcó 17 rutas del transporte público en la provincia de Santiago, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Alcaldía de Santiago, intervino tras detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje, según informó la página oficial de la Presidencia de la República Dominicana. La acción se realizó para asegurar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y derivó en una fiscalización del sector.
Durante el despliegue, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y las autoridades locales inspeccionaron las rutas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, todas ellas afiliadas a la Federación CNTT. Las autoridades revisaron las tarifas cobradas, la documentación de los conductores y el cumplimiento de las normativas vigentes, según detalló el Gobierno dominicano.
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El operativo culminó con la inspección de 180 vehículos del transporte público, de los cuales 85 fueron fiscalizados por infracciones a la normativa. Además, tres vehículos fueron retenidos y tres ciudadanos extranjeros resultaron sancionados conforme a los procedimientos establecidos. De acuerdo con la información publicada por la Presidencia, la intervención se concentró en las rutas donde se identificaron incrementos irregulares en el costo del pasaje.

Qué dijo el Intrant
Milton Morrison, director ejecutivo del Intrant, explicó que el 99% del transporte organizado ha respetado los acuerdos alcanzados con la entidad reguladora. “El 99 % del transporte organizado ha mantenido el compromiso de no aumentar las tarifas”, afirmó Morrison, según la publicación oficial. El funcionario agregó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público en el país respalda la decisión de mantener sin variación el precio del pasaje.
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De hecho, representantes del Grupo G-12 expresaron el lunes su respaldo al Intrant y ratificaron que no habrá aumento del pasaje, durante un encuentro en la sede del organismo en Santo Domingo, según un comunicado de la Presidencia de la República Dominicana. En esa reunión, también apoyaron el operativo de fiscalización que la institución desarrollaría en Santiago para hacer cumplir la Ley 63-17.
El director ejecutivo del organismo afirmó que el Intrant es el único facultado para autorizar cambios en las tarifas del transporte público y advirtió que ningún operador o empresa puede aplicar incrementos de forma unilateral. El funcionario señaló que la fiscalización se realiza en coordinación con la Digesett, la Policía Nacional y la Alcaldía de Santiago, con foco en rutas donde se reportaron variaciones en el cobro.
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El presidente de la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), Reynaldo Pérez Sánchez, dijo que cerca del 99 % de las rutas del transporte organizado mantiene el compromiso de no subir el pasaje y sostuvo que cualquier revisión tarifaria debe ajustarse a lo establecido en la Ley 63-17 y contar con autorización del Intrant.
Morrison agradeció el respaldo de los gremios y destacó que la decisión se mantiene pese al aumento de costos operativos y la volatilidad de los mercados internacionales. Los transportistas también mencionaron los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer como mecanismos de apoyo para mitigar costos sin trasladarlos a los usuarios.
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Subsidios y marco legal
El Gobierno sostiene mecanismos de apoyo al sector transporte, entre los que se encuentra el subsidio a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer, que beneficia a miles de transportistas. Morrison subrayó que cualquier modificación en las tarifas debe sustentarse en estudios técnicos y contar con la autorización expresa del Intrant, única entidad facultada por la Ley 63-17 para regular el régimen tarifario del transporte público de pasajeros en República Dominicana.
El Intrant reiteró que la intervención respondió a los aumentos irregulares detectados y que continuará con operativos de supervisión y fiscalización en todo el territorio nacional. “Seguiremos actuando para garantizar que el servicio de transporte público cumpla con los estándares legales y tarifarios establecidos”, sostuvo Morrison, en declaraciones recogidas por la página de la Presidencia.
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