Costa Rica rechaza ante la ONU el uso de los términos “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”

El Gobierno de Costa Rica oficializó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una postura en la que rechazó el uso de conceptos como “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”, al considerar que no forman parte de tratados internacionales vinculantes y que su incorporación podría representar una expansión no autorizada de las obligaciones asumidas por los Estados.

La declaración fue presentada durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, Suiza, por Gustavo Corella Cordero, consejero de la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU. La posición marca un nuevo giro en la política exterior del país respecto a los debates internacionales sobre derechos humanos, género y derechos sexuales y reproductivos.

Ese mismo día, la diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora, del Partido Pueblo Soberano, aseguró mediante una publicación en redes sociales que el posicionamiento fue elaborado desde su despacho y contó con la aprobación de la presidenta Laura Fernández Delgado.

“Gracias, señora presidenta, por atender nuestra gestión y permitir que Costa Rica alzara la voz en defensa de nuestros principios”, escribió la legisladora al atribuirse las gestiones que derivaron en la intervención de la delegación costarricense.

La posición del Gobierno se conoce apenas un mes después de que la mandataria manifestara públicamente que no desea que Costa Rica continúe participando en foros relacionados con derechos y diversidades de género, una declaración que ya había generado debate entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores conservadores.

Rechazo a nuevos conceptos

Durante su intervención, Corella afirmó que términos como “interseccionalidad”, “violencia reproductiva” y “masculinidad patriarcal” no cuentan con una definición ni reconocimiento en tratados internacionales jurídicamente vinculantes.

Según expuso, incorporar progresivamente estos conceptos como parámetros normativos dentro del sistema internacional de derechos humanos podría constituir una modificación de las obligaciones de los Estados sin el debido consentimiento de las partes.

Además, sostuvo que aceptar esas formulaciones también podría entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico costarricense e incluso interferir con competencias que corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa, conforme al artículo 121 de la Constitución Política.

La representación costarricense dejó claro que el país mantiene su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, indicó que ello no implica aceptar conceptos que, a criterio del Gobierno, no han sido incorporados formalmente en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.

Reservas sobre género y derechos reproductivos

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la interpretación del concepto de “género”.

Costa Rica dejó constancia ante el Consejo de Derechos Humanos de que únicamente reconoce la definición contenida en el artículo 7.3 del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Ese artículo establece que, para efectos del tratado, el término género se refiere “a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”, y señala que no tendrá otra acepción distinta.

Asimismo, la delegación costarricense manifestó reservas sobre la utilización de los conceptos de “autonomía corporal”y “derechos sexuales y reproductivos”, al sostener que estos no pueden interpretarse de manera que desconozcan el derecho a la vida protegido desde la concepción.

Para respaldar esa posición, Corella citó el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen la protección del derecho a la vida.

La intervención también abordó el tema de la educación sexual. La representación nacional indicó que el acceso a información sobre sexualidad y autocuidado no debe sustituir el derecho de los padres a orientar la educación de sus hijos, haciendo referencia al artículo 143 del Código de Familia.

Contexto de la posición

El pronunciamiento de Costa Rica se produjo durante la etapa de comentarios generales sobre las resoluciones discutidas por el Consejo de Derechos Humanos entre el 15 de junio y el 7 de julio.

En la parte final de su intervención, la delegación costarricense también se refirió a la cooperación internacional, al señalar que la asistencia humanitaria debe regirse por criterios de necesidad, neutralidad y eficacia, evitando —según indicó— posicionamientos ideológicos que excedan el mandato humanitario de los organismos internacionales.

La postura representa uno de los posicionamientos más explícitos asumidos por la actual administración en escenarios multilaterales sobre temas de género y derechos reproductivos. Además, coincide con la línea política expresada por el Poder Ejecutivo en los últimos meses y con iniciativas impulsadas por sectores conservadores representados en la Asamblea Legislativa.

Aunque hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre el alcance de la intervención, la declaración ya comenzó a generar reacciones en el ámbito político y reaviva el debate nacional sobre el papel de Costa Rica en las discusiones internacionales relacionadas con los derechos humanos, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos.