El caso Elizabeth Silverio: Se hizo pasar por neurocientífica en un centro infantil Dominicano

El Ministerio Público solicitó la imposición de siete años de prisión a Elizabeth Silverio Silien por suplantar funciones profesionales en el ámbito de la salud y encabezar un esquema de estafa que afectó a decenas de familias en la República Dominicana. La resolución judicial sobre su futuro será emitida el martes 14 de abril, fecha clave para las víctimas, el caso ha llamado la atención a nivel internacional debido z la vulnerabilidad de quienes buscan atención especializada para menores diagnosticados con trastorno del espectro autista.

En su petición, el Ministerio Público planteó además una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de los objetos empleados en la actividad ilícita y una revisión de la medida coercitiva ya existente. La fiscalía justificó estas solicitudes al recordar que Silverio Silien, autodenominada neurocientífica, ya fue condenada previamente en otro proceso, lo que, sumado a la gravedad de los hechos, constituye un riesgo de fuga evidente. Esta información, confirmada por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas y recogida en el expediente, refuerza la magnitud de la acusación.

De acuerdo al Ministerio Público, Silverio Silien utilizó títulos académicos falsos, se presentó como doctora en neurociencia y psicóloga, y fundó el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland) para captar familiares de pacientes diagnosticados con TEA. La investigación oficial reveló que no contaba con registro académico válido ni habilitación legal avalada por el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos ni el Poder Ejecutivo. El expediente incluye certificaciones de universidades extranjeras que niegan la existencia de la formación que la imputada reclamaba tener.

Un bloque central del proceso son los testimonios aportados por padres y madres cuyos hijos e hijas recibieron atención en Kogland. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Silverio Silien realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos e iniciaba tratamientos sin competencias acreditadas. Entre las denuncias documentadas figuran diagnósticos errados, incluyendo la existencia de condiciones clínicas no comprobadas, lo cual representó un grave perjuicio tanto en la salud de los menores como en el acceso tardío a tratamientos adecuados.

La institución subrayó que el centro Knowledge Land fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras constatarse la ausencia de los permisos requeridos para operar en el área de la salud. Además, la investigación incluyó informes económicos que revelaron el carácter lucrativo de las maniobras, permitiendo a Silverio Silien obtener “ingresos significativos” de familias que depositaron su confianza en la institución bajo el supuesto respaldo profesional. El Ministerio Público caracterizó estos hechos como un “engaño” fundamentado en la generación deliberada de confianza falsa para alcanzar un beneficio económico directo.

Silverio Silien habría presentado documentación adulterada, incluidos títulos universitarios y un falso número de exequátur (Autorización que otorga el Estado a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de sus cargos), para sustentar una imagen profesional inexistente. El Ministerio Público detalló que estas acciones vulneraron artículos específicos del Código Penal Dominicano y de legislaciones sectoriales, como la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 136-03 sobre protección de la niñez y la adolescencia.

La cadena de hechos verificados permitió a la fiscalía sostener la acusación por los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, según los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, artículos 92, 93 y 156, numeral 7, de la Ley 42-01, y el artículo 12 de la Ley 136-03, todas infracciones asociadas a la protección de derechos fundamentales y a la integridad del ejercicio profesional en el ámbito de la salud, como figuró en el escrito presentado ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.

En este sentido, la presentación de testimonios y pruebas documentales por parte del Ministerio Público permitió mapear el alcance del daño causado, tanto por el retraso en los tratamientos adecuados para los menores, como por el lucro obtenido en perjuicio de familias con integrantes en situación de alta vulnerabilidad. Según la acusación oficial, la gravedad reside en la manipulación de la esperanza de quienes buscan atención especializada para menores con autismo, configurando un delito de alto impacto ético y social.