El Congreso Nacional de Honduras aprobó, la admisión del juicio político contra cuatro funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), una decisión que deja a estos altos responsables suspendidos de sus cargos e inicia un proceso legislativo que pone en juego el equilibrio institucional y la preparación de los próximos comicios generales.
La admisión de la denuncia contó con el respaldo de 91 votos, cifra que, representa una mayoría sólida en la cámara; solo la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y los diputados Liiberales, Iroshka Elvir y Alejandro Canelas votaron en contra.
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La sesión, que se extendió, incluyó la suspensión inmediata de Marlon Ochoa, consejero titular del CNE, y la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez, así como del magistrado del TJE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé. Este procedimiento, obliga a los funcionarios a apartarse de sus responsabilidades hasta que concluyan las audiencias de descargo.
Durante el desarrollo de la votación, Rodríguez presentó su renuncia por escrito, alegando que lo hacía “para salvaguardar su honor”. La renuncia fue admitida por mayoría.
La comisión legislativa encargada de conducir las audiencias quedó integrada por los congresistas Tania Pinto, Lissi Matute Cano, Alberto Cruz, Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo, quienes asumieron el control del proceso formal de descargo.
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Esta decisión, motivada por denuncias de supuestas irregularidades en la gestión de procesos electorales, marca un punto de inflexión en la estabilidad institucional y el control político sobre los organismos electorales de Honduras.
Las denuncias presentadas ante el pleno, incluyen acusaciones de ilegalidades en la gestión de los cinco funcionarios involucrados y señalan supuestos intentos de entorpecer el desarrollo de las pasadas elecciones primarias y generales.
La sesión se vio marcada por una fuerte tensión política. Luego de la lectura de los nombres, la bancada de Libre inició una protesta en el hemiciclo. En respuesta, el titular de la cámara, Tomás Zambrano, ordenó al secretario Carlos Ledezma anotar en acta los nombres de los diputados que usaban pitos y lanzaban consignas, con la advertencia de aplicar el reglamento de 15 días sin goce de salario.
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El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, denunció que: “Las personas sometidas a juicio político esta noche no han cometido ningún delito, sólo cumplieron la misión para la que fueron nombrados”, atribuyendo la ofensiva al bipartidismo de Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN).
Por su parte, el jefe de bancada del PL, Jorge Cálix, indicó que “39 de 41 diputados del partido apoyaron la denuncia de juicio político”, subrayando que la herramienta sirve como control constitucional frente a funcionarios que obstaculicen la labor para la que fueron designados.
El debate se intensificó con intervenciones del legislador Marco Ramiro Lobo, quien acusó al PN y PL de debilitar la institucionalidad, señalando antecedentes como la salida del Fiscal General y la presidenta de la Corte Suprema.
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“Hoy inicia un nuevo reto para nosotros en Libertad y Refundación, lo que están montando es un gigantesco fraude electoral en las próximas elecciones”, declaró Lobo ante el pleno.
Intervenciones posteriores, como la de Sergio Castellanos, elevaron el tono del enfrentamiento político, enfatizando la tensión y polarización interna. Castellanos desafió personalmente al presidente del Congreso: “No te tenemos miedo”, y dirigió críticas tanto a Tomás Zambrano como a la Presidencia.
La última parte de la sesión registró la renuncia de Suyen Muñoz, hasta ese momento presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras (CDPC). Aunque deja la titularidad, seguirá siendo comisionada de ese ente estatal.
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Para cubrir la vacante, el pleno designó a Analina Montes Hawit como nueva presidenta y a Erick Rodríguez Gabarrete como secretario de la CDPC para el período 2022-2029.
La votación y las respuestas en el hemiciclo evidencian la gravedad del momento institucional y anticipan semanas de confrontación política, mientras la comisión encargada inicia las audiencias de descargo que determinarán el destino de los funcionarios suspendidos.
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