El Gobierno trabaja en un proyecto que reemplace la Emergencia en Discapacidad para frenar a la oposición

La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El fallo de la Justicia Federal

Por otro lado, los libertarios festejaron un fallo de la Cámara Federal de San Martín que consideró cumplida por parte del Estado la sentencia que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

El tribunal señaló que el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026 y aplicó actualizaciones en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad: entre 29,73% y 35,43% para octubre, noviembre y diciembre de 2025; 5,78% para enero y febrero de 2026; y 2,90% para marzo. También tuvo en cuenta la actualización de la Asignación Mensual Estímulo para trabajadores de talleres protegidos. Para el tribunal, esas medidas acreditaron la implementación exigida en el amparo.

“Es importante mencionar que a través las resoluciones 02/2025 (29/10/2025) –conjunta-, 340/2026 (27/02/2026) y 13/2026 (27/03/2026) se aumentaron los valores de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en porcentajes que iban desde el 29,73% y 35,43% a octubre, noviembre y diciembre de 2025 según la Modalidad y Categoría, mientras que en enero y febrero de 2026 se actualizaron en un 5,78% y finalmente en marzo del corriente año en 2,90%; lo que verifica la existencia de medidas concretas tendientes a la implementación de la normativa reglamentada, que permite tener por cumplido el mandato impuesto en la sentencia de grado”, dice la sentencia.

Cabe aclarar que el fallo no resolvió que todos los reclamos económicos derivados de la emergencia estuvieran saldados. La parte demandante cuestionaba, entre otros puntos, la falta de compensación por períodos anteriores y la suficiencia de los aumentos. Pero la Cámara entendió que esas discusiones excedían la ejecución de esta sentencia colectiva, cuyo objeto era garantizar la aplicación de la ley.