
Un encuentro ocurrido dentro de una oficina de los Tribunales de Justicia de Guápiles es uno de los episodios que ahora forma parte de la investigación contra Ricardo Valverde López, uno de los dos jueces detenidos por presuntamente favorecer a personas relacionadas con la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Según expedientes judiciales, Valverde habría mantenido encuentros íntimos con Gelen Magaly Arias Monge, hermana de “Diablo”, pese a que la mujer figuraba como imputada en el denominado caso Colorado, expediente en el que el propio juez había intervenido previamente.
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Uno de esos episodios quedó registrado el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 3:00 p.m. De acuerdo con la información publicada por CR Hoy a partir de la orden de allanamiento, cámaras instaladas como parte de la investigación captaron besos, caricias y expresiones afectivas entre el juez y Arias Monge.
Posteriormente, ambos se habrían desplazado hacia una zona del despacho con poca cobertura de las cámaras. Los investigadores aseguraron haber escuchado durante varios minutos sonidos que consideraron compatibles con un encuentro sexual.
La cámara no registró directamente una relación sexual, por lo que esa conclusión forma parte de la interpretación de los investigadores sobre el material recopilado.
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Al regresar al área visible, la mujer habría acomodado su vestido. La investigación también registró expresiones afectivas entre ambos y, durante la despedida, el juez habría tocado los glúteos de Arias Monge.
El episodio adquirió mayor relevancia porque Valverde conocía perfectamente la situación judicial de la hermana de “Diablo”.
Arias Monge es investigada dentro del caso Colorado, una causa relacionada con una supuesta estructura de legitimación de capitales que habría permitido introducir al sistema financiero recursos procedentes de actividades ilícitas atribuidas al círculo cercano de Alejandro Arias Monge.
Valverde había participado como juez en ese expediente y, en 2023 resolvió una solicitud de prisión preventiva contra Gelen Arias, imponiéndole en su lugar medidas cautelares distintas a la cárcel.
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Tras uno de los encuentros documentados en febrero, Arias habría preguntado al juez si había logrado conseguir “algo del caso” o información “por fuera”.
Precisamente esa posible relación entre el vínculo personal y las actuaciones judiciales es una de las líneas que ahora intentan esclarecer las autoridades.
El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, explicó que la hermana de “Diablo” habría funcionado como enlace entre la organización criminal y funcionarios del Poder Judicial.
“Ella, además de ser la hermana de Alejandro Arias, era como el enlace con los funcionarios citados anteriormente para obtener algún tipo de beneficio en las investigaciones que se venían realizando”, señaló Muñoz.
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Dos jueces bajo investigación
La operación ejecutada el martes 1.º de septiembre terminó inicialmente con las detenciones de Ricardo Valverde López y Olivier Ramírez Valverde, ambos jueces vinculados al circuito judicial de Pococí.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) los investiga por presuntas actuaciones relacionadas con miembros de la estructura de “Diablo”, particularmente por decisiones adoptadas alrededor de las medidas cautelares del caso Colorado.
Según el Ministerio Público, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2023 y 2026, periodo durante el cual los sospechosos presuntamente utilizaron sus puestos para colaborar con una agrupación dedicada al narcotráfico.
La Fiscalía indaga posibles delitos de procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso, además de determinar si existieron dádivas o algún otro tipo de beneficio a cambio de las actuaciones atribuidas a los funcionarios.
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En el caso particular de Valverde, el Ministerio Público también analiza si algunos de esos beneficios pudieron tener una naturaleza sexual.

Una agente del OIJ también fue detenida
La investigación también alcanzó a Hazel Rojas Víquez, agente del OIJ de Pococí y pareja sentimental de Valverde.
Según información divulgada por las autoridades, la funcionaria habría facilitado determinadas actuaciones a través de su relación con el juez y es investigada, entre otros aspectos, por posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos y el cumplimiento de sus funciones.
La detención de los tres funcionarios provocó además la apertura de un procedimiento disciplinario por parte de la Inspección Judicial.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, defendió la actuación de los mecanismos internos del Poder Judicial y aseguró que la institución continuará investigando cualquier sospecha de corrupción.
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“En el Poder Judicial no toleramos la corrupción, no la encubrimos, no la permitimos”, afirmó Aguirre, aunque recordó que todos los investigados mantienen su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Un policía habría filtrado operativos a la organización
Mientras avanzaba la investigación contra los funcionarios judiciales, el caso sumó otro detenido: un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Ureña Araica, sospechoso de suministrar información policial a miembros de la estructura vinculada con “Diablo”.
Según el OIJ, el funcionario habría mantenido comunicación con Randall Delgado Mora, alias “Míster Músculo”, un exagente judicial señalado como una persona cercana a la organización criminal y quien falleció este martes en una disputa con las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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La tesis de los investigadores apunta a que el policía alertaba sobre operativos y movimientos de las autoridades, permitiendo que miembros de la agrupación intentaran evadir las intervenciones policiales.

La Nación informó además que las autoridades investigan si el oficial habría proporcionado información sobre otros policías, que posteriormente podía ser utilizada por integrantes de la estructura criminal para tomar represalias contra ellos.
Las investigaciones contra los jueces, la agente judicial y el policía muestran ahora dos posibles vías de infiltración de la organización atribuida a “Diablo”: el acceso a decisiones e información dentro del sistema judicial y la filtración de movimientos operativos desde cuerpos policiales.
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Será el Ministerio Público el encargado de determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos. Hasta ahora, los hechos corresponden a hipótesis de investigación y no constituyen condenas ni responsabilidades penales declaradas por un tribunal.
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