El sistema judicial de República Dominicana resolvió en promedio el 94,9% de los casos ingresados, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio señaló una reducción de la mora judicial, la digitalización de trámites y políticas de inclusión, y planteó que el desafío pendiente es traducir esos avances en un acceso más simple y equitativo para la ciudadanía.
El reporte, titulado Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana, fue presentado el martes 1 de septiembre en Santo Domingo, durante una actividad realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La iniciativa forma parte de la cooperación entre el PNUD y el Poder Judicial dominicano.
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La representante residente del organismo internacional, Ana María Díaz, sostuvo que el sistema amplió su capacidad de respuesta, aunque persisten diferencias entre territorios y barreras que afectan a quienes necesitan recurrir a los tribunales.
El informe propone evaluar la justicia desde la experiencia de quienes acuden a los tribunales
“Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9%, con diferencias territoriales”, afirmó Díaz. También señaló que más de tres millones de documentos fueron firmados de forma digital y que cerca del 66% de los trámites judiciales ya se procesa electrónicamente.
El análisis, denominado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, planteó que los indicadores de gestión deben complementarse con la experiencia de las personas usuarias del servicio.
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Para quienes inician un proceso judicial, la respuesta no se limita a recibir una sentencia. El informe indicó que también resultan determinantes la posibilidad de encontrar orientación, comprender los procedimientos, seguir el avance del expediente y recibir un trato respetuoso.
El documento fue elaborado a partir de registros institucionales, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y una revisión documental. A partir de ese material, identificó ocho hallazgos sobre los avances y los desafíos de la justicia dominicana.
El primero apuntó a que la eficiencia es necesaria, aunque debe estar acompañada por mecanismos que reduzcan los obstáculos de acceso. El segundo advirtió que los ingresos, la residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales aún pueden condicionar la posibilidad de iniciar y sostener un reclamo judicial.
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Las diferencias territoriales y la brecha digital siguen entre los desafíos
El tercer hallazgo señaló que las necesidades de justicia no son iguales en todo el país. Una menor cantidad de expedientes en un territorio no implica, necesariamente, una menor existencia de conflictos, sino que puede reflejar dificultades para llegar al sistema judicial.
El informe también destacó los efectos de la digitalización. La incorporación de herramientas electrónicas permitió reducir traslados, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de causas. A la vez, recomendó mantener alternativas presenciales y servicios de orientación para las personas que no cuentan con acceso a tecnología o no pueden utilizarla.
La investigación planteó que la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad debe derivar en medidas efectivas de protección y acompañamiento.
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Otro de los puntos abordó la confianza pública. Según el PNUD, esa percepción depende de factores como la escucha de las partes, la claridad de las explicaciones y el trato recibido durante el proceso.
La demora en las decisiones puede afectar empleo, vivienda e ingresos
El estudio vinculó la seguridad jurídica con cuestiones de la vida cotidiana, entre ellas el empleo, los ingresos, la vivienda, el patrimonio y la actividad comercial. Desde esa perspectiva, una decisión tardía puede tener consecuencias en la estabilidad de personas y familias.
El octavo hallazgo se refirió a la preparación del sistema ante nuevos tipos de conflictos, como los vinculados con el ambiente y el cambio climático. El informe planteó que estos asuntos requerirán respuestas institucionales que contemplen su complejidad y sus efectos sociales.
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A partir de los ocho hallazgos, el PNUD propuso 11 recomendaciones alineadas con el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta impulsada por el Poder Judicial para orientar la transformación del sistema.
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