Ley de Tierras: senadores del PJ, la UCR y el PRO hablaron tras la marcha atrás del oficialismo

El debate por la reforma de la Ley de Tierras expuso una de las discusiones más sensibles del paquete legislativo impulsado por el oficialismo. Tras la fuerte controversia pública y política que generó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, el Gobierno decidió retirarlo antes de la votación. Sin embargo, la discusión dejó al descubierto tres miradas distintas sobre el alcance de la norma, el federalismo y la protección de los recursos estratégicos.

En diálogo con Infobae al Regreso, los senadores Mariano Recalde (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling (PRO) defendieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto y explicaron por qué consideran que el país necesita —o no— modificar la legislación vigente.

Recalde: “Eliminaban las protecciones que tenía la ley”

El senador de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa implicaba desmantelar resguardos que consideró fundamentales para preservar recursos naturales y evitar la concentración de tierras.

“La modificación que querían hacer era realmente muy grosera”, afirmó. Y agregó: “Lo más preocupante para nosotros era que eliminaban las restricciones o las protecciones que tenía la ley. Se protegían los acuíferos, las zonas estratégicas y se evitaba la gran concentración de tierras”.

Para Recalde, detrás de la reforma existían intereses económicos concretos. “Hay grupos interesados en venir a llevarse rápido, antes de que cambie el Gobierno el año que viene, recursos que son escasos en el mundo”, aseguró.

También rechazó el argumento de que una mayor apertura permitiría atraer inversiones. “Desde que está Milei la inversión extranjera directa es negativa. Y dicen que para que vengan las inversiones hay que flexibilizar la protección ambiental, destruir los glaciares y entregar los acuíferos”, cuestionó.

Vischi: “Que las provincias decidan”

Desde la UCR, Eduardo Vischi defendió una postura distinta. Si bien reconoció que el proyecto original fue modificado en numerosas oportunidades, sostuvo que la versión que finalmente iba a debatirse buscaba fortalecer el federalismo y permitir que cada provincia definiera su política territorial.

“Lo que estamos planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante la planificación estratégica de su territorio”, sostuvo. Y resumió la posición radical: “Las provincias que decidan si quieren poner cinco, siete o quince” como límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Vischi rechazó además la idea de que toda inversión extranjera represente un riesgo para la soberanía. “El problema no es si es extranjero o no; el problema es qué hace con la tierra”, afirmó, y sostuvo que la defensa de las fronteras corresponde al Estado nacional, no a la ley de tierras.

El senador correntino también atribuyó buena parte de la polémica a una falla comunicacional. “Se discutió mucho sobre temas que no están en la ley” y consideró que “no se explicó bien lo que se estaba planteando”.

Goerling: “La ley devolvía facultades a las provincias”

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidió en que la discusión debía centrarse en la autonomía provincial y aseguró que trabajó en las modificaciones introducidas al proyecto original.

“Era una ley para votarla. La fuimos mejorando y cambiando desde una mirada federal”, afirmó. Según explicó, el objetivo era que “las provincias fijaran qué quieren hacer con su suelo”, porque “cada provincia es muy diferente en la Argentina”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde sostuvo que la legislación vigente limita la posibilidad de recibir nuevas inversiones. “Yo quiero recibir una inversión fuerte y no lo puedo hacer. Me está limitando un techo nacional a mi realidad”, señaló.

Goerling también cuestionó que durante la discusión pública se instalara la idea de que un comprador extranjero podría disponer libremente de los recursos naturales. “Cualquiera que compre una tierra, sea argentino o extranjero, no puede hacer lo que quiera en territorio argentino. Tiene que cumplir las leyes nacionales, locales y municipales”, sostuvo.

Al igual que Vischi, atribuyó la caída del proyecto a un problema de comunicación. “Hubo un error comunicacional muy grave del Gobierno. Se empezó a discutir sobre un dictamen original que sufrió dieciséis modificaciones y se terminó debatiendo sobre cuestiones que no eran las que se iban a votar”, concluyó.

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