“La Constitución ya protege la propiedad”: el argumento de un constitucionalista contra el proyecto sobre tierras

En la previa del tratamiento legislativo del proyecto que modifica la Ley de Tierras, el alcance de la propiedad extranjera sobre el territorio argentino vuelve a generar un fuerte debate. En diálogo con Infobae Al Mediodía, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que la normativa vigente protege la soberanía territorial, consideró que sus restricciones son constitucionales y cuestionó la propuesta del Gobierno por entender que flexibiliza esos límites.

“No tiene que existir ninguna ley para proteger la inviolabilidad de la propiedad, porque esto lo protege la Constitución y los tratados sobre derechos humanos”, indicó Gil Domínguez. El especialista enfatizó que “la ley que se sancionó oportunamente garantiza la soberanía territorial, la integridad territorial, uno de los elementos constitutivos del Estado”.

Según Gil Domínguez, la normativa vigente nunca fue objetada por extranjeros ante la Justicia por considerar vulnerados sus derechos. El analista señaló que la Constitución argentina establece en el artículo 20 que los extranjeros “tienen el derecho a comprar y a enajenar tierras”, equiparando sus derechos a los de cualquier ciudadano argentino.

Sin embargo, subrayó que estos derechos pueden ser limitados de forma razonable y proporcional si existe un objetivo constitucional legítimo. “Este es el principio de proporcionalidad que utiliza la Corte Suprema Argentina, la Corte Interamericana, todos los tribunales europeos, que hacen el control de constitucionalidad”, expresó.

Restricciones a la compra de tierras y soberanía nacional

Al mismo tiempo, Gil Domínguez remarcó que la ley vigente busca evitar la extranjerización del territorio, en especial en zonas de frontera. Sostuvo que si se habilita la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros, “podés tener en algún momento la situación que se vio en Ucrania con Rusia”.

Advirtió que “hay un montón de extranjeros que compran tierra sin límite. En un momento se sienten chilenos, en un momento se sienten brasileños y consideran que tienen que ser anexados”.

Entre otras cosas, el analista argumentó que, por nacionalidad, un argentino no puede pedir la anexión de su tierra a otro país, mientras que un extranjero propietario podría generar conflictos sobre la titularidad nacional del territorio.

“Si vos sos argentino no te podés sentir brasilero y parte del territorio brasilero y pedir que Brasil, como vos sos brasilero y tu tierra que comprás, la tierra es tuya, Brasil o Chile, pensemos en la Patagonia, pueda reivindicar ese territorio como propio”, explicó.

Además, el abogado mencionó ejemplos internacionales para ilustrar los riesgos geopolíticos. “Lo que sucedió con Crimea, con Rusia y Ucrania, es que un conjunto de personas se sintieron más rusos que ucranianos, querían pertenecer a Rusia”, señaló. También mencionó el caso de Groenlandia y la intención de compra por parte de Estados Unidos, así como el antecedente de Alaska.

El rol del Congreso y el Poder Judicial

En el análisis institucional, Gil Domínguez criticó la postura de la Corte Suprema sobre quién puede impugnar una ley. Sostuvo que la Corte adoptó una posición “conservadora anacrónica”, lo que dificulta la posibilidad de llevar reclamos judiciales por la afectación de la soberanía territorial, incluso cuando existen derechos constitucionales en juego.

El especialista explicó que “si hay una ley que no genera una afectación directa, inmediata y exclusiva en un derecho tuyo, vos no podés ni siquiera ir a la justicia a golpearle la puerta para que revise si esa ley viola o no la Constitución”. Consideró que esto “posibilita prácticas autocráticas”, ya que se cierran caminos para impugnar medidas que impactan en la sociedad en su conjunto.

También cuestionó la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, porque requiere que ambas cámaras del Congreso los rechacen para que pierdan vigencia. Identificó que esa modificación, impulsada durante el kirchnerismo, “ha generado un grave perjuicio al sistema de derechos”.

Perspectiva constitucional y final abierto

Aemás, insistió en que la Constitución argentina protege la propiedad de nacionales y extranjeros, pero también establece la defensa de la integridad territorial. Expresó que ningún gobierno democrático anterior promovió iniciativas que pusieran en riesgo las fronteras del país.

El abogado sostuvo que la falta de defensa social y cultural de la Constitución convierte a la norma en “una mera hoja de papel”. Afirmó que, para un sector de la sociedad, “la fuerza normativa de la Constitución no es un valor fundante, no es un valor preponderante y lo que importa solamente es lo que el gobierno saque normativamente”, concluyó.

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