Fondos para universidades: la Justicia dejó firme el fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.

Con la resolución judicial, el gobierno de Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la LFU.

El fallo de la Cámara llegó luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la resolución favorable a las universidades públicas. La suspensión de la ejecución de la cautelar quedó sin efecto, ya que el único fundamento que la sostenía desapareció tras la intervención del máximo tribunal.

Ante la novedad, el expediente fue remitido al Juz­gado Nacio­nal en lo Con­ten­cioso Admi­nis­tra­tivo Fede­ral N°11, a cargo de Mar­tín Cor­mick para que con­ti­núe la eje­cu­ción de la cau­te­lar. Al menos así procederá la representación legal que representa al CIN.

Ese pedido había quedado en pausa porque Cormick sus­pen­dió la eje­cu­ción, mien­tras la Corte ana­li­zaba el recurso extraor­di­na­rio pre­sen­tado por el gobierno libertario. Ante esa nueva traba, el CIN apeló la resolución, y esa suspensión es la que quedó sin efecto ayer.

“Estamos hablando de la cautelar que presentamos inmediatamente después de que apareció el decreto del Poder Ejecutivo que decía que no iba a poner en vigencia la ley. Fuimos sobre el tema más urgente: los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Eso es lo que en este momento ha quedado firme y debería aplicarse”, expresó Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), durante una entrevista en Radio Voz.

Sergio Zaninelli, dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), calificó la resolución judicial como “un gran avance” y explicó que el tribunal entendió que ya no existen argumentos para mantener suspendida la decisión judicial. “Si la Corte rechazó el recurso, ya no te queda ningún instrumento para levantar esa suspensión y ejecutar la medida cautelar”, sostuvo el representante gremial de Bahía Blanca.

El derrotero de los fondos para las universidades

Esta etapa del largo conflicto universitario se originó tras la publicación del Decreto 759/25, con el cual el Gobierno pretendió condicionar la aplicación de la ley sancionada el año pasado, al afirmar que solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero fue ratificada posteriormente por ambas cámaras del Congreso, con amplio respaldo legislativo y movilizaciones impulsadas por la comunidad universitaria.

En junio, la Corte Suprema rechazó un planteo similar del Ejecutivo y dejó firme la cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 vinculados a la actualización salarial y al financiamiento de becas y programas estudiantiles, que estaban suspendidos por la cautelar.

En las últimas semanas, el Gobierno acordó un incremento del 24,33% para los salarios universitarios y una suba del 20% en los gastos de funcionamiento, además de mayores partidas para hospitales universitarios. Sin embargo, estos montos quedaron por debajo de lo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante el incumplimiento, los funcionarios de Milei comienzan a entrar en un terreno pantanoso. El dipu­tado socia­lista Este­ban Pau­lón presentó ayer la pri­mera denun­cia penal por infringir la ley de Finan­cia­miento, al denunciarlo por “abuso de auto­ri­dad e incum­pli­miento de debe­res de fun­cio­na­rio público”. La formuló contra el jefe de Gabi­nete, Diego Santilli, por ser el res­pon­sa­ble de la eje­cu­ción de las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias para cum­plir la ley que votó el Con­greso.