Efecto Mundial: el Gobierno presentó un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia

La amplitud en redes que hubo sobre la final perdida en el Mundial generó la difusión en diferentes plataformas de posteos puntuales de personas extranjeras en el país que se burlaban de la Selección Argentina y de otros asuntos sensibles ajenos al fútbol.

Eso, explican en el Gobierno, fue uno de los disparadores para que La Libertad Avanza presentara un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen el uso de hospitales públicos y universidades provinciales.

La iniciativa fue anunciada ayer por el diputado provincial y jefe de bloque libertario en ese recinto, Agustín Romo, la cual recibió la adhesión de todas las filas del oficialismo: desde su sector, Las Fuerzas del Cielo; el karinismo y hasta el apoyo público de una de las dirigentes más importantes del oficialismo, Patricia Bullrich.

“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, tuiteó el jefe de bloque libertario.

No es una iniciativa que se prevea escalar a nivel nacional. Por el lado de las Universidades Nacionales está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización para cobrar a estudiantes extranjeros y los rectores están legalmente autorizados desde finales de mayo del año pasado.

“Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en su cuenta de X. Esto no es algo que esté previsto por ninguna de las casas de estudio nacionales, según manifestaron oportunamente los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El proyecto provincial presentado por La Libertad Avanza indica que el cobro alcanzaría tanto la atención médica planificada como las carreras universitarias. “No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento”, sostiene el documento.

En diálogo con Infobae, Romo agregó: “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.

“Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”, dijo el presidente del Bloque de Diputados de LLA.

No hay cifras actualizadas que reflejen el nivel de consultas que hubo en los últimos meses. Pero cuando el Gobierno había querido instalar una discusión similar hace dos años, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, informó que en todo Buenos Aires solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones correspondían a extranjeros.

El proyecto remarca que no se busca rechazar a nadie en casos graves. Ante una urgencia médica, los hospitales públicos no podrán demorar ni condicionar la atención por cuestiones de pago. Solo una vez que el paciente esté estabilizado, se iniciará el cobro de la prestación. Además, se exceptúa del cobro a víctimas de trata de personas y a quienes reciban atención relacionada a enfermedades transmisibles o vacunación, por cuestiones de salud pública.

El régimen propuesto diferencia entre extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o sin ningún estatus migratorio regular. En todos esos casos, antes de recibir atención médica programada o habitual, deberán acreditar un seguro de salud, cobertura de un tercero obligado o abonar el arancel correspondiente. El dinero recuperado por este sistema irá directamente al Fondo Provincial de Salud.

La iniciativa también establece que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar una retribución para los estudios de grado que cursen ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Cada universidad definirá los montos y modalidades de pago, respetando el marco general de la ley.

La medida no afecta a quienes ya tengan residencia permanente, por lo que los estudiantes internacionales y quienes permanezcan en el país de manera temporaria o transitoria serán quienes deban afrontar el arancel.

“La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van. Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos”, dijo Álvarez en diálogo con Infobae.

Esta iniciativa también se presentó en la Ciudad de Buenos Aires hacia finales del 2024 por parte del bloque libertario que hoy en día comanda la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Esta fue en el marco de la versión porteña de la Ley Bases, la cual tenía un total de 95 páginas y estaba dividida en varias áreas, desde una reorganización completa de Ministerios y Secretarías, hasta cuestiones de seguridad pública, pasando por la simplificación de trámites y una medida para que aquellas personas que no residan en el distrito empiecen a pagar por los servicios de salud pública, cuando no se trate de casos de urgencia.

En una actualización legislativa, el bloque violeta propuso prioridad absoluta para los porteños en la atención médica. “Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico”, tuiteó oportunamente Ramírez, quien también busca extender esa normativa para quienes no sean habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aquello fue anunciado en los primeros días de marzo. Una semana y media después, la administración porteña, a través de su Ministerio de Salud, comunicó la implementación de sistema de cobro por los servicios de salud prestados a extranjeros. El procedimiento se expresa que la facturación alcanzará a aquellas personas extranjeras que no posean un DNI argentino y que necesiten acceder a procedimientos programados como tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas que no son catalogadas como “de urgencia”.