Polémica por el fallo Levinas: el procurador Casal pidió un decreto que habilite a los fiscales a intervenir ante el TSJ

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, pidió al Poder Ejecutivo que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Ferrari contra Levinas, que establece al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) como el órgano competente para entender en los recursos extraordinarios presentados ante la justicia nacional ordinaria porteña. El argumento central del procurador es que los fiscales nacionales no están habilitados para actuar ante tribunales de otra jurisdicción.

Casal expuso la situación ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, acompañado por los secretarios de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas, y de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima. La presentación se dividió en dos bloques: el estado presupuestario del organismo y los conflictos generados por el cambio jurisprudencial.

“Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto en las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, explicó Casal.

El fallo Levinas y la reforma laboral, un conflicto que se agrava

El procurador informó que solicitó en dos ocasiones a la Corte la suspensión de esa jurisprudencia y que en ambos casos recibió una negativa. El cuadro se agravó con la aprobación de la Reforma Laboral: su artículo 90 ratifica el convenio de traspaso de competencias, lo que eliminó el argumento de que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público. “Ni siquiera podemos sostener que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público porque el tribunal superior es la Cámara Nacional de Apelaciones”, señaló Casal.

Para ilustrar la urgencia ante los legisladores, el funcionario describió un caso concreto: un fiscal que, frente a un femicidio con una resolución liberatoria que consideraba arbitraria, debió recurrir la decisión y se vio ante la disyuntiva de cuál vía procesal utilizar.

“Hay una verdadera razón de urgencia porque inmediatamente se sanciona esta ley se nos presenta un caso donde el fiscal frente a un caso de femicidio donde había una solución liberatoria que consideraba arbitraria tenía que recurrir y seguimos las dos variantes pedimos la cobertura normativa”, detalló.

Casal explicó que, por ahora, los fiscales nacionales presentan el recurso de inconstitucionalidad local y que el fiscal de la Ciudad “con buen criterio” lo ha sostenido. Sin embargo, advirtió sobre el escenario siguiente: “¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ? Esto es una solución de contingencia hasta que se transfieran todas las competencias”. “Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias”, subrayó.

Recorte presupuestario del 47% en dos años

En el segundo bloque de la presentación, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal advirtieron que el presupuesto del organismo se redujo un 47% en los últimos dos años. Ante la consulta sobre si esa caída afectaba la administración de justicia, los funcionarios reconocieron haber efectuado “reiterados reclamos a través del Ministerio de Justicia”, aunque destacaron “buena disposición” de esa cartera para readecuar los recursos.

Casal reconoció que la situación presupuestaria “está difícil para todos”, pero subrayó que son “necesarias” las contrataciones de herramientas tecnológicas y los alquileres de espacios para el trabajo del organismo en las distintas provincias. “La cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos”, concluyó.