El Senado volvió a dictaminar la validación de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado volvieron a firmar esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos holdouts, que implicará un pago total de USD 171 millones. El Congreso tiene un nuevo plazo para sancionar esto y será hasta el 30 de junio próximo.

El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La iniciativa ya había sido dictaminada y estuvo a punto de aprobarse en el recinto de la Cámara alta la semana pasada. No ocurrió debido a una adenda de último momento enviada por el Ejecutivo y el pleno decidió que el articulado volviera a foja cero. Esta tarde se rubricó en las comisiones que comandan el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Economía Nacional).

Una de las primeras aclaraciones que dio esta tarde el primer expositor y procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, fue que no hubo error alguno desde el Estado, sino que el fondo Attestor informó tarde que uno de los bonos -a entregar por el pago y fin del litigio- ya no estaba más en su poder, lo que obligaba a readecuar con una enmienda.

Amerio disertó junto a su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y al secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, quienes en una hora evacuaron las consultas de legisladores opositores y dialoguistas.

De hecho, los peronistas Jorge Capitanich -el chaqueño es uno de los pocos que suele ir preparado a los debates- y el puntano Fernando Salino agradecieron a los funcionarios por haberse presentado a explicar el tema, algo tan básico como necesario.

Fue Amerio quien remarcó que la adenda en cuestión se gatilló tras una notificación sobre bonos comprometidos en el convenio que Attestor ya no tenía en su haber y que “la Argentina no tenía la posibilidad” de verificar ello “de forma independiente”. “No hay ninguna modificación sobre el otro grupo”, aseguró. Y sumó: “A pesar del cambio, no se modificó el monto del acuerdo y no generó una exposición adicional de alguna forma o condición”.

“Se eliminaron los bonos que el acreedor no estaba en condiciones de entregar, pero no hay cambio sobre monto. Todos van a ser entregados, no se modifica la sentencia y es lo que no hay que perder de vista. Es un acuerdo para cerrar juicios y los bonos serán entregados”, observó Stampalija.

Por su parte, García Hamilton detalló que la compulsa en los tribunales norteamericanos implicaba un total de USD 465 millones que, tras la quita, quedará en USD 171 millones. “De 2001, son los dos más grandes que teníamos, con sentencias firmes con ‘Discovery’ y en el juzgado de -Loretta- Preska”, añadió, y deslizó el nuevo plazo -consensuado vía mail- hasta el 30 de junio.

De todo el embrollo de 2001 y la costosa cesación de pagos quedaría una puja menor, por USD 15 millones. Los invitados también advirtieron sobre lo costoso que implica contratar abogados en los Estados Unidos para seguir este tipo de causas que, en algún caso, superan en el tiempo a los juicios que se realizan contra el país.

Un conflicto que continúa vigente apunta a los bonos atados al cupón PBI que empuja Palladium, en Inglaterra, por 1.500 millones.