Caso $Libra: Adorni negó que existiera un contrato con Hayden Davis y defendió su accionar

El Jefe de Gabinete negó que exista un contrato entre el presidente Javier Milei y el empresario norteamericano de criptomonedas Hayden Mark Davis y descalificó esa información al señalar que “proviene exclusivamente de filtraciones periodísticas” referidas al caso $Libra.

Así lo afirmó en una de las respuestas incluidas en su informe a la Cámara de Diputados, que incluyó más de 2.151 preguntas de los legisladores, que originalmente eran más de 4.000 y fueron agrupadas por tema. “No hay constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, precisó en relación a un documento hallado en el teléfono de Mauricio Novelli, un lobbista cercano a Milei que actuó como intermediario entre Davis y el Presidente, que daba cuenta de presunto pago de USD 5 millones vinculados al fallido cripto activo, que dejó un tendal de damnificados pocas horas después de su lanzamiento el 14 de febrero de 2025.

Adorni también descalificó la información surgida de mensajes y audios del celular de Novelli, cuyo secuestro dispuso la Justicia, al considerar que “su autenticidad, integridad y contexto no fueron verificados”.

El Poder Ejecutivo Nacional no puede ni debe responder en base a material de origen incierto agregado a una causa judicial en trámite”, sostuvo Adorni en relación a comunicaciones entre funcionarios y personas relacionadas al lanzamiento de $LIBRA, especialmente los días 14, 15 y 16 de febrero. Especificó que la Jefatura sostuvo que no dispone de “información institucional al respecto” y remitió toda indagación al proceso judicial en curso.

El jefe de Gabinete aseguró que la difusión de documentos oficiales o detalles procesales por parte del Poder Ejecutivo podría poner en riesgo la investigación y los derechos de los implicados. Defendió el accionar del Gobierno en la investigación interna realizada, y destacó la colaboración con la Justicia.

Afirmó que el proyecto de la cripto moneda avalada por el Presidente con un posteo publicado el 14 de febrero de 2025, “fue presentado públicamente como una iniciativa privada, sin que el Estado Nacional hubiera avalado, respaldado ni garantizado su funcionamiento, sus promesas ni sus resultados”. No dio detalles sobre el cúmulo de llamados de Novelli con el Presidente, Karina Milei y Santiago Caputo en horas previas y posteriores a ese lanzamiento.

El caso $LIBRA concentró 75 preguntas de los diputados opositores, fundamentalmente de la Coalición Cívica, en las que se requerían precisiones sobre el rol del Presidente y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y también cercana a Novelli; del asesor Santiago Caputo, y del propio Adorni, en ese momento vocero presidencial.

El hoy jefe de Gabinete se escudó en dar más precisiones sobre el caso, al afirmar que toda información relativa al cripto activo se encuentra “bajo reserva judicial”, al haber una causa en la Justicia Federal, cuya investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

En ese sentido, subrayó en el informe que “el Poder Ejecutivo Nacional no ha obstruido ni entorpecido en modo alguno la labor de los órganos judiciales, sino que ha actuado en todo momento dentro del marco de sus competencias institucionales y con pleno respeto por la independencia del Poder Judicial”.

El funcionario aseguró que desde el Ejecutivo respondieron a todos los pedidos del Poder Judicial, aunque omitió mencionar que no contestaron las preguntas y pedidos de información enviados por la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA, al propio Presidente, a Karina Milei, así como a otros funcionarios del Gabinete.

El funcionario recordó que el Decreto 114/25 ordenó una pesquisa administrativa a cargo de la Oficina Anticorrupción y la creación de la Unidad de Tareas de Investigación, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, en ese momento a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Según la respuesta a la Pregunta 3 del informe de casi 2.000 páginas, la OA inició actuaciones el 18 de febrero de 2025 y remitió sus resultados a la fiscalía el 28 de abril. El informe de la UTI se mantuvo en reserva - afirmó el jefe de Gabinete - para “garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”. Esa investigación estuvo a cargo de María Florencia Zicarelli, y llegó a la conclusión de que Milei “no infringió la ley”.

En paralelo, la Gerencia de Inspecciones e Investigaciones de la Comisión Nacional de Valores abrió el Expediente N.º 36/2025 el 17 de febrero, donde investigó la actuación de empresas y personas físicas relacionadas al caso, entre ellas, Kelsier Ventures y Davis.

Según la Jefatura, “dicho expediente fue archivado con fecha 16 de abril de 2025, una vez agotada la investigación conforme lo dictaminado por la Subgerencia de Análisis y la Gerencia de Inspecciones e Investigaciones”.

Adorni rechazó toda injerencia para frenar o limitar los requerimientos judiciales. Expresamente, “el Poder Ejecutivo Nacional ha actuado con la celeridad y la responsabilidad institucional que las circunstancias exigían”, se indicó en el apartado de consideraciones finales.

Respecto a la preservación de pruebas, Adorni respondió que no existe en la Administración Pública “ninguna constancia institucional sobre la supuesta destrucción de evidencia” por parte de los empresarios señalados ni del ex asesor de la CNV, Sergio Daniel Morales. Y reiteró que toda conducta sobre ocultamiento o eliminación de evidencias constituye materia exclusiva de la jurisdicción judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Frente a las preguntas realizadas por los legisladores sobre posibles pagos, cripto activos o compensaciones a funcionarios —incluido el Presidente o la Secretaría General— la respuesta fue que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”.

En cuanto a las reuniones en Casa Rosada de Milei, Karina Milei u otros funcionarios con empresarios y lobbistas vinculadas al caso Libra, sostuvo que fueron registradas por la Secretaría General de la Presidencia y publicadas según la Ley de Acceso a la Información Pública, cumpliendo con la normativa de transparencia.