La sequía prevista en Guanacaste y el Valle Central amenaza con encarecer la electricidad en Costa Rica

El pronóstico climatológico para Costa Rica durante el período junio 2026–mayo 2027 alerta sobre un inminente episodio de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), fenómeno asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y vinculado a severas alteraciones de los patrones pluviométricos y térmicos nacionales.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la probabilidad de que El Niño adquiera fuerza inusitada durante el segundo semestre de 2026 es superior al 82%, con impactos directos que podrían trastocar la economía cotidiana de los costarricenses, especialmente a través del aumento en la factura de energía eléctrica.

El informe técnico de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el IMN, publicado como Estrategia Nacional de Contingencia al Fenómeno de El Niño 2026, subraya que las proyecciones para el pacífico costarricense –en particular Guanacaste y el Valle Central– apuntan a reducciones de lluvia de hasta un 50% respecto a los promedios históricos.

Estas condiciones, lejos de ser solo una amenaza para la agricultura o la producción, afectan de manera transversal a los sistemas nacionales de generación hidroeléctrica, columna vertebral de la matriz energética costarricense.

En años anteriores, y en particular durante el evento de 2014-2015, incluso una manifestación moderada del ENOS provocó caídas en los caudales de los principales embalses utilizados para la generación eléctrica.

Esta historia se repite: el déficit de lluvias pronosticado obligaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a reducir la producción de energía hidroeléctrica, incrementando la dependencia de fuentes térmicas (búnker y diésel), que resultan más caras y contaminantes. El propio ICE, según el plan de contingencia, ha previsto la contratación de hasta 273 MW de plantas térmicas como respaldo para los meses críticos de la próxima época seca.

Este cambio forzoso en la matriz de generación, sumado a una mayor presión en la demanda de aire acondicionado y bombeo de agua ante temperaturas que pueden superar el promedio histórico en entre 1.5°C y 2°C en regiones como Guanacaste, amenaza con elevar los costos operativos del sector eléctrico. En palabras simples: si se mantiene la tendencia, queda poco margen para evitar trasladar esos mayores costos a los consumidores residenciales, comerciales e industriales vía aumento tarifario.

La Estrategia Nacional de Contingencia detalla que, ante la inminencia del fenómeno, no se descartan racionamientos programados ni la importación extraordinaria de electricidad a precios mayores desde el Mercado Eléctrico Regional centroamericano. Además, se impulsan medidas de eficiencia, como la ampliación acelerada de proyectos solares y eólicos, la instalación de luminarias LED inteligentes y la optimización del uso de los aires acondicionados en el sector público, en un intento por contener el alza de la factura eléctrica.

Sin embargo, expertos del IMN y la CNE señalan que, si bien estas acciones pueden mitigar levemente el impacto inmediato, el efecto acumulado de una sequía severa –similar a las experimentadas en 1998, 2015-2016 o 2019– podría dejar huellas más profundas y prolongadas en las tarifas eléctricas.

El Marco Normativo vigente, basado en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, exige la priorización de la gestión preventiva y la optimización de los recursos, pero reconoce que escenarios de déficit hidroeléctrico sostenido podrían forzar la utilización de fondos extraordinarios o la incorporación de mecanismos de excepción para proteger la estabilidad financiera del sistema.

En conclusión, los costarricenses deben prepararse para un escenario en el que el cambio climático, expresado a través de la fase cálida del ENOS, no solo amenaza la agricultura y el suministro de agua, sino que pone directa presión sobre la factura de energía eléctrica. El llamado de las autoridades es claro: informarse, ahorrar y exigir acciones coordinadas y transparentes para asegurar que el impacto de El Niño no comprometa el acceso, la calidad y la asequibilidad de la energía, piedra angular del bienestar social y productivo nacional.