Tal como había anunciado el Gobierno la semana pasada, formalizaron la recompensa de $20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.
La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 302/2026 del Minsiterio de Seguridad. “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa de Recompensas”, aseguraron.
La disposición precisa que la orden de captura y extradición fue solicitada formalmente por las autoridades judiciales competentes, en el marco de la cooperación internacional en materia penal. El texto señala que toda información que permita dar con el paradero de Apablaza Guerra será suministrada bajo reserva de identidad, asegurando la confidencialidad de los datos proporcionados.
A través de diferentes administraciones, Chile responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.
La oficialización de la recompensa se dio horas después de la visita de José Antonio Kast al presidente Javier Milei. De igual forma, la Justicia argentina ya había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la Policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.
A raíz de esta situación, el gobierno de Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al mandatario que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicaron la semana pasada.
La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.
En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE).
Luego de que se conociera la noticia de la recompensa, el abogado defensor de Apablaza, Rodolfo Llanzón, insistió con que el exguerrillero es un “refugiado político en Argentina”. “Fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado durante una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional. De esta manera, Llanzón planteó que la discusión debería centrarse en el derecho internacional.
Feinmann, por su parte, definió al exguerrillero como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados la terrorismo”. Ante esto, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, reiteró.
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