El Gobierno analiza el caso de Fate como un capítulo de la reconversión industrial y culpa a los sindicatos

Fate, la histórica marca argentina de neumáticos, anunció este miércoles por la madrugada que cerrará sus puertas de manera definitiva. La noticia no tardó en escalar por su altísimo conocimiento público y porque, a diferencia de las otras dos compañías del rubro, Bridgestone y Pirelli, la empresa de la familia Madanes Quintanilla era la que más peso tenía en el mercado de reposición de llantas.

En el Gobierno no hubo mayor escarmiento por la noticia, aunque convocaron a una audiencia virtual con las autoridades del Directorio de Fate a través de la Secretaría de Trabajo, que lidera Julio Cordero, para mediar en el procedimiento luego de que la firma anunciara su cierre definitivo de manera inmediata. El encuentro será a las 12.30 horas de este miércoles.

En la cúpula de la Casa Rosada afectó más el contexto político en el que se desarrolla la medida que el hecho en sí. El cierre de la empresa se conoció el mismo día en el que se dictaminará la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La CGT dio una conferencia en breve en la que anunció el paro general para mañana, cuando se trate el proyecto oficialista en el recinto.

“A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma”, indicó un funcionario del Gobierno. Minutos después, el presidente Javier Milei tuiteó: “¿Conspiranoico yo? Fin".

En la Casa Rosada consideran que la crisis de Fate no era nueva. Sostienen que la compañía afrontó “muchos años de conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, y señalan como indicadores el plan preventivo de crisis que el directorio solicitó en 2019, así como el estancamiento salarial que sus empleados atravesaban desde hace 14 meses.

“Lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”, acusaron desde la cúpula del Poder Ejecutivo, agregando que su objetivo es “propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”.

La mención sobre los gremios hace alusión al Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, que tiene como líder a Alejandro Crespo. Como antecedente cercano, en 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sutna. Se detuvieron las plantas de las tres empresas fabricantes del país y Madanes calificó la situación como “neo-anarquismo que impide producir”, responsabilizó al gremio y apuntó contra el Partido Obrero.

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) e integrante del equipo económico que comanda Luis Caputo, Felipe Núñez, atribuyó a que la situación de la compañía se llegó por el “sistema laboral” actual. “A Fate lo fundieron los sindicatos trostkos, háganse cargo nefastos”, marcó a través de una publicación en su cuenta de X.

No se trata de una discusión nueva para el Gobierno, que ya había dado su perspectiva sobre lo que sucedería con su política industrial cuando se supo que, por primera vez en la historia, Techint había perdido la primera licitación de magnitudes frente a la india Welspun. El propio Javier Milei celebró ese resultado como una señal de que las políticas aperturistas que impulsó estaban dando resultados. En uno de sus tuits, la calificó como “la nueva Argentina”.

Altos integrantes de la mesa política consultados por Infobae afirman que el modelo macroeconómico actual favorece a otras industrias (como la minera, la petrolera o el agro) en detrimento de varios polos ubicados en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. Una proporción significativa de estos últimos carecen de las condiciones de productividad para competir con importaciones de otros países, así como del marco interno (impositivo y burocrático) necesario para poder compensarlo.

Fate es un ejemplo de esa situación: alegó que la globalización del mercado, con oleadas de neumáticos de Brasil y China, hacía insostenible su industria.

Para clarificar su posición, un funcionario destacado del Gobierno expresó su opinión sobre las consecuencias en el empleo en el marco de la mutación de modelos macroeconómicos: “El comercio y la economía son schumpeterianos. Todo forma parte de una transición desde una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán nuevos”.

El término schumpeterianos hace referencia a las ideas, teorías o seguidores del economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter. Schumpeter es conocido principalmente por sus estudios sobre el capitalismo, la innovación y el concepto de “destrucción creativa”.

No resulta casual que, bajo esa lógica, el asesor presidencial Santiago Caputo haya escrito en su cuenta de X dos días atrás que “los próximos diez años del interior argentino van a ser deslumbrantes”. Esa afirmación acompañaba una cita al tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacaba la inversión anunciada por Lundin Mining de USD 18.000 millones para sus proyectos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan.

El Gobierno impulsa una suerte de migración interna para los próximos años. ¿Tiene un plan articulado con los privados para favorecerla? Hasta el momento no se conocen detalles de alguna política vinculada a ese tema.

En esa transición, algunos funcionarios libertarios expresan temores de que el tiempo entre el cierre de las empresas “improductivas” y la creación de las compañías de “la nueva Argentina” no resulte suficiente y se generen consecuencias sociales.

El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a caer en noviembre pasado un 0,2% respecto al mes anterior, lo que implicó la eliminación de 13.100 puestos laborales, según el informe difundido la semana pasada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para noviembre de 2025 indicaron que hubo una reducción de 21.938 empresas con empleados respecto a diciembre de 2023.

En ese contexto, la CGT convocará esta mañana a un paro nacional. Si bien será sin movilización, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, ya adelantó que prevén extremar las medidas de contención ante la posible marcha de otras facciones del sindicalismo más combativo, así como de organizaciones de la sociedad civil y otros grupos.

Consideran que la ratificación que se dará mañana en el recinto puede elevar los ánimos, más aún tras la repercusión que tuvo la discusión pública de la reforma a partir del artículo de las licencias médicas, que el Gobierno ya anunció que retirará de la iniciativa.